Una vez más, la represión fue la respuesta oficial ante una manifestación de jubilados frente al Congreso. Con un despliegue desproporcionado de fuerzas de seguridad, gases lacrimógenos y golpes, el gobierno de Javier Milei sumó otro capítulo a su largo historial de atropellos contra los sectores más vulnerables. Esta vez, entre los 38 heridos, la policía alcanzó incluso a una nena de 8 años que pasaba por el lugar junto a su padre.
La represión como único diálogo
Pasadas las seis de la tarde, mientras los jubilados realizaban su habitual ronda frente al Congreso para reclamar por sus derechos, la Policía Federal desplegó su brazo más represivo. La división motorizada comenzó a amedrentar a los manifestantes en Hipólito Yrigoyen y avenida Entre Ríos, para luego avanzar con golpes y gases pimienta en la esquina de Rivadavia y Callao. Entre las víctimas, Ludmila, una nena de 8 años que volvía con su padre del dentista, quedó atrapada en la brutalidad policial.
“Atendimos a 38 personas afectadas por el gas”, confirmó Esteban Chalá, presidente del CEPA. La escena de una criatura entre los heridos recuerda un episodio similar de septiembre pasado, cuando otra menor fue gaseada en un operativo dirigido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien ya acumula denuncias por su sistemática política de represión.
Un despliegue de guerra contra jubilados
El operativo fue desmesurado: cientos de efectivos de Prefectura, Gendarmería, Policía Aeroportuaria y la Policía Federal se desplegaron en una muestra de fuerza totalmente innecesaria. “Hubo más milicos que jubilados”, denunció Rubén Cocurullo, de Jubilados Insurgentes. La Comisión Provincial de la Memoria (CPM) y la Asociación Contra la Violencia Institucional confirmaron agresiones también contra sus equipos de monitoreo.
Pero la represión no solo se centró en quienes ya estaban congregados. Un cordón policial impidió que la columna de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) encabezada por Abel Furlán se sumara a la movilización. “Nos impidieron llegar al Congreso en un claro ataque al derecho a la protesta”, denunciaron desde el sindicato.
Pobreza y represión: el doble castigo a los jubilados
El violento operativo se dio en el mismo día en que el gobierno oficializó un aumento irrisorio del 2,4% para jubilaciones y pensiones a partir de abril, sumado a la ratificación del bono extraordinario de 70.000 pesos, congelado desde marzo de 2024. Esto deja la jubilación mínima en unos miserables 285.820 pesos, muy por debajo de la línea de indigencia.
Como si fuera poco, esta semana también se concretó el vencimiento de la moratoria previsional, dejando fuera del sistema a más de 250.000 personas, en su mayoría mujeres. La integrante del Plenario Nora Biaggio advirtió sobre el drama que esto implica: “Nueve de cada diez mujeres y ocho de cada diez hombres no podrán jubilarse. Exigimos la restitución inmediata de la moratoria y un haber digno de al menos 1,2 millones de pesos”.
Un país que castiga a sus mayores
Mientras Milei se jacta de su “ajuste sin anestesia”, los jubilados deben elegir entre comprar alimentos o medicamentos. “Robar a los jubilados es un crimen social”, decía una de las banderas en la manifestación. Pero la violencia del gobierno no solo es económica: la represión es una herramienta sistemática para silenciar a quienes se atreven a protestar.
Lejos de amedrentarse, los jubilados ya preparan nuevas acciones. Este sábado 29 se realizará un tercer plenario de organizaciones en la Mutual Sentimiento para definir un nuevo plan de lucha. “Nos organizamos porque sabemos que la historia nos da la razón. Milei pasará, pero la lucha por una vejez digna continuará”, afirmaron.
En un país donde los jubilados son golpeados y gaseados mientras el poder financiero celebra, la pregunta es hasta cuándo la sociedad tolerará este nivel de atropello. Porque, como advertía otra pancarta en la marcha: “Todos seremos jubilados, es solo cuestión de tiempo”.
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