La Justicia suspendió las designaciones de Manuel José García-Mansilla y Ariel Lijo, ambas impuestas por decreto presidencial. El fallo es un golpe al intento del Gobierno de avanzar sobre la independencia del Poder Judicial.
En un revés histórico para el gobierno de Javier Milei, el Juzgado Federal N° 2 de La Plata, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, ordenó la suspensión inmediata del ejercicio de Manuel José García-Mansilla como juez «en comisión» de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y prohibió el juramento de Ariel Lijo, también designado por decreto presidencial. El fallo, dictado este jueves 3 de abril, marca un freno legal y político a la estrategia del oficialismo de colonizar el máximo tribunal sin el aval del Senado.
La acción de amparo colectivo que dio lugar a esta resolución fue presentada por la ingeniera María Eva Koutsovitis, presidenta del partido Unidad Popular (UP) en la Ciudad de Buenos Aires y candidata a legisladora porteña por la alianza «Confluencia por la Igualdad y la Soberanía». La demanda también fue impulsada por los abogados Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, y Fernando Cabaleiro, de Naturaleza de Derechos.
El juez Ramos Padilla basó su fallo en la «verosimilitud del derecho invocado» y argumentó que el decreto 137/2025 de Milei viola el procedimiento constitucional de nombramiento de jueces de la Corte, que requiere el acuerdo del Senado según el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional. Además, advirtió que la designación «en comisión» de magistrados sin ese requisito podría comprometer la independencia judicial y debilitar la división de poderes.
«Esta sentencia frena un avasallamiento a la Constitución y reafirma que el Poder Judicial no se negocia por decreto», celebró Koutsovitis en diálogo con HACEMOSPRENSA.COM. «El gobierno intentó instalar un modelo de concentración de poder, y logramos demostrar que la legalidad y la democracia siguen vigentes», agregó.
Por su parte, el abogado Baldiviezo alertó sobre los riesgos institucionales de la maniobra presidencial: «Con este decreto, Milei pretendía consolidar un esquema de sometimiento del Poder Judicial. Esto es inadmisible en un Estado de Derecho».
El Ejecutivo había intentado justificar las designaciones bajo el artículo 99, inciso 19 de la Constitución, que habilita nombramientos en comisión para situaciones excepcionales. Sin embargo, la Justicia cuestionó esta interpretación y estableció un plazo de tres meses para resolver la cuestión de fondo.
El fallo impacta de lleno en el escenario político, en un año electoral clave en el que parte de la oposición busca poner límites a las políticas de Milei. Koutsovitis, quien ya formalizó su candidatura para los comicios legislativos de mayo, emerge como una figura relevante en la resistencia contra los avances autoritarios del Gobierno.
Con esta decisión judicial, el intento de Milei de colocar jueces a dedo en la Corte Suprema queda, al menos por ahora, truncado. Pero el conflicto no ha terminado: el oficialismo podría apelar la medida, lo que abriría un nuevo capítulo en la pulseada por el control del Poder Judicial.
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