El fallo que sacude al partido de Javier Milei en Misiones expone el abismo moral detrás de los discursos de “libertad” del liberalismo extremo. Un exlegislador condenado por difundir material de abuso sexual infantil, su hermano cómplice y una justicia que empieza a escarbar más hondo.
Germán Kiczka, quien hasta hace pocos meses ocupaba una banca en la legislatura misionera por el partido libertario Activar, recibió 14 años de prisión por consumir y distribuir imágenes de abuso sexual infantil. Su hermano Sebastián fue condenado a 12 años. Las pruebas: más de 600 archivos con contenido aberrante y el intento fallido de transformar el juicio en una cruzada política. Detrás del espectáculo de la “casta”, un entramado familiar, político y judicial comienza a desmoronarse.
Detrás de cada grito por la “libertad”, cada tweet altisonante contra “la casta” y cada soflama anticorrupción que caracteriza al movimiento libertario, se esconde un basural que ahora empieza a salir a la luz. Esta vez, no es por ajuste económico, por entrega de soberanía o por represión social. Esta vez, es por algo más brutal, más oscuro, más inhumano: la condena a 14 años de prisión al exdiputado provincial Germán Kiczka por tenencia, facilitación y distribución de material de abuso sexual infantil.
El fallo, dictado por el Tribunal Penal N°1 de Posadas, no deja lugar a dudas. El otrora legislador del partido Activar, la pata misionera del engranaje libertario que hoy conduce Javier Milei desde la Casa Rosada, fue hallado culpable tras un proceso judicial que duró doce audiencias y que se sostuvo sobre pruebas contundentes: más de 600 archivos, entre fotos y videos, que documentan el abuso sistemático y aberrante de niñas y niños, algunos de ellos menores de 13 años. A esta cifra escalofriante se suman dispositivos electrónicos repletos de este tipo de contenido, hallados durante múltiples allanamientos entre febrero y agosto del año pasado.
Su hermano, Sebastián Kiczka, no corrió mejor suerte. Condenado a 12 años de prisión, enfrentó también una acusación por abuso sexual sin acceso carnal denunciado por una adolescente de 15 años en la localidad de Apóstoles. Aunque esta imputación fue desestimada por uno de los jueces del tribunal, su responsabilidad penal en la causa por pedofilia quedó firmemente establecida.
Y aunque ambos fueron esposados y trasladados a la Unidad Penal I de Loreto la misma noche del fallo, lo verdaderamente alarmante —y que exige ser observado con detenimiento— es el blindaje político que los rodeó durante años. Germán Kiczka no era un marginal. No era un loco suelto. Fue parte activa de un aparato partidario que no dudó en candidatearlo, empoderarlo y blindarlo mediáticamente bajo los slogans del “anticasta” y la “libertad avanza”. Hoy, esa fachada se resquebraja y deja ver un universo podrido de complicidades familiares, defensas vergonzantes y vínculos con otros actores del espacio libertario que deberán ser investigados a fondo.
La defensa del horror
El circo judicial que intentaron montar los abogados de los hermanos Kiczka rozó lo grotesco. Sebastián, representado por Eduardo Paredes y María Laura Alvarenga, fue presentado como un “poliadicto”, un hombre enfermo, víctima de sus compulsiones y merecedor de asistencia terapéutica, no de prisión. “Es quizás su última oportunidad de recuperar su vida”, suplicó su defensor, en un acto de patetismo que no convenció a nadie. El fiscal Vladimir Glinka, sin perder la ironía, respondió con contundencia: “El nene tiene 49 años. Ya tuvo demasiadas oportunidades de recuperarse”.
Más risible —si no fuera por la gravedad de los hechos— fue la estrategia de Germán Kiczka, cuya defensa alegó que todo el material encontrado le pertenecía a su hermano. Un intento de eludir responsabilidades que fue desmontado por las pruebas, las contradicciones en sus propias declaraciones y el patrón sistemático de consumo y difusión del material. Como si fuera poco, el exdiputado intentó convertir su juicio en una persecución política. “Soy un perseguido del sistema”, fue uno de sus alegatos más reiterados. Pero los fiscales fueron categóricos: “Nunca hubo persecución política. Hubo ganas de zafar de una persona que comete delitos”.
Lo que hubo, en cambio, fue una investigación internacional —basada en datos y metadatos de conexiones a la web— que permitió rastrear el contenido hasta los domicilios de los Kiczka. Las pruebas no dejaron margen para el relato de la víctima política. Fueron materiales, abrumadoras y concluyentes. Tan concluyentes, que incluso durante las audiencias se exhibieron imágenes como parte del procedimiento judicial, motivo por el cual la mayoría de las sesiones se realizaron a puertas cerradas para preservar la dignidad de las víctimas.
La caída de un símbolo libertario
Hasta septiembre del año pasado, Germán Kiczka ocupaba una banca en la Legislatura de Misiones. Su partido, Activar, no era una fuerza cualquiera: su líder, Pedro Puerta, no solo fue su compañero de bancada, sino que ahora aparece salpicado por la causa. El tribunal ordenó que se investigue tanto a Puerta como a Leonardo Antonio Kiczka, padre de los acusados, por posible comisión de delitos de acción pública, incluyendo el posible falso testimonio en sus respectivas declaraciones.
No es menor este dato. No se trata simplemente de un juicio penal contra dos individuos, sino del desmoronamiento de una trama política, familiar y judicial que sostenía a Kiczka como representante del “nuevo orden” libertario. La misma lógica que hoy impulsa ajustes brutales sobre jubilados, universidades, ciencia y cultura, mientras se esconde tras frases vacías sobre “libertad”.
¿Dónde están ahora los adalides de la moral y las buenas costumbres? ¿Dónde quedó el discurso del mérito, del orden y la seguridad? ¿Qué dice Javier Milei sobre un exrepresentante de su espacio condenado por consumir pornografía infantil? ¿Cuál será la respuesta institucional ante esta monstruosidad judicial?
Lo cierto es que el caso Kiczka desnuda la miseria moral de un espacio que hizo de la antipolítica un negocio electoral, y de la demagogia punitivista un espectáculo para distraer a la opinión pública. Pero cuando los que delinquen están adentro, cuando los abusadores llevan su camiseta, el silencio es la norma.
Justicia parcial, impunidad pendiente
Aunque la sentencia marca un paso importante —inédito, incluso, por el nivel de visibilidad que tuvo el juicio—, no alcanza. El partido Activar aún no ha sido intervenido. Nadie en la conducción nacional libertaria se ha expresado con claridad sobre este escándalo. Ningún dirigente de peso pidió públicamente que se investigue el financiamiento de las campañas, las redes de protección institucional o el rol que tuvieron actores políticos y judiciales que durante años silenciaron denuncias.
El fallo será leído en profundidad en los próximos días, cuando se publiquen los fundamentos. Pero la señal es clara: incluso en los intersticios más oscuros de la política libertaria, la verdad puede abrirse paso.
La pregunta que queda flotando en el aire es cuánto más deberá caer antes de que alguien en el gobierno nacional —o en su constelación de aliados provinciales— asuma que este modelo no solo ajusta, reprime y entrega, sino que también protege a los monstruos que dice combatir.
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