Carlos Beraldi presentará el recurso de queja para la absolución de la expresidenta. La judicialización de la política y el rol de la Corte en un caso plagado de irregularidades
El abogado de Cristina Fernández de Kirchner llevará este lunes a la Corte Suprema el recurso que busca su absolución en la causa Vialidad. Mientras el oficialismo judicial insiste en aumentar la condena a 12 años, la expresidenta enfrenta un proceso manchado de arbitrariedades, con un Poder Judicial alineado con el establishment. La conferencia de prensa en la sede del PJ anticipa una respuesta política contundente ante lo que muchos califican como una persecución judicial.
La causa Vialidad entra en su etapa definitiva. Este lunes, Carlos Beraldi, abogado defensor de Cristina Fernández de Kirchner, presentará un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objetivo de revertir una condena que ha sido cuestionada por su sesgo político y la falta de pruebas concretas. Horas más tarde, a las 11, el letrado brindará una conferencia de prensa en la sede del Partido Justicialista nacional, un gesto que no solo refuerza la centralidad política de la expresidenta, sino que también anticipa una fuerte respuesta ante lo que muchos califican como una clara maniobra de lawfare.
Desde su origen, la causa Vialidad ha estado plagada de irregularidades. La acusación contra Cristina Kirchner se construyó sobre presunciones y relatos mediáticos, más que sobre pruebas sólidas. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes llevaron adelante la acusación en el juicio oral, no pudieron demostrar de manera fehaciente que la expresidenta hubiese intervenido de manera directa en la concesión de obras viales a Lázaro Báez. Sin embargo, la maquinaria judicial siguió su curso, blindada por un sistema que ha demostrado responder más a los intereses del poder económico que al derecho.
El fallo original del Tribunal Oral Federal 2 condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, bajo la acusación de fraude a la administración pública. Sin embargo, la sentencia carece de sustento jurídico sólido. A lo largo del juicio, la defensa de la expresidenta demostró que la adjudicación de obras en Santa Cruz se llevó a cabo bajo procedimientos administrativos regulares, con controles de organismos estatales y sin intervención directa de la entonces presidenta. Aun así, la condena se ratificó en Casación Penal y el caso llegó a la instancia final: la Corte Suprema.
En paralelo a la estrategia de la defensa, la Fiscalía, encabezada por Mario Villar, solicitará que la pena impuesta a Cristina Kirchner sea elevada a 12 años, bajo la figura de asociación ilícita. Este intento por endurecer la condena no es más que la profundización de un proceso de persecución que ha sido denunciado tanto a nivel nacional como internacional. El lawfare, como estrategia de disciplinamiento político, encuentra en la expresidenta su mayor exponente en Argentina. No se trata solo de una causa judicial; es la utilización del aparato judicial para proscribir a una de las líderes más influyentes del país.
El contexto en el que la Corte Suprema deberá expedirse no es ajeno a la presión política y mediática. Con un tribunal compuesto por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y el reciente incorporado Manuel García-Mansilla, el fallo se encuentra en manos de un poder judicial que ha demostrado su inclinación hacia los sectores más concentrados de la economía. Las recientes intervenciones de la Corte en causas de alto perfil, como la suspensión de elecciones provinciales en 2023 o sus fallos favorables a la oposición, han dejado en evidencia su rol como actor político antes que como garante de justicia.
Más allá del resultado del proceso judicial, la batalla de Cristina Kirchner trasciende los tribunales. Su rol dentro del peronismo sigue siendo central, y la conferencia de prensa que dará su abogado en la sede del PJ es una muestra clara de que la respuesta será política. No es casual que el anuncio se haga desde Matheu 130, la casa del justicialismo, donde se definieron las estrategias de resistencia en otros momentos históricos. La persecución judicial no solo apunta a una persona, sino a un proyecto de país que ha demostrado ser incómodo para el establishment.
La resolución de la Corte Suprema no solo definirá el futuro judicial de Cristina Kirchner, sino que sentará un precedente para la democracia argentina. Si el máximo tribunal convalida una condena construida sobre pruebas débiles y especulaciones, se consolidará un modelo en el que la judicialización de la política se convierte en el método predilecto para eliminar adversarios. Si, en cambio, la Corte revoca el fallo, se dará un paso crucial para desmontar la maquinaria del lawfare en Argentina.
En el centro de la escena, la expresidenta continúa marcando el pulso de la política nacional. Su futuro no se define solo en los tribunales, sino en la calle, en la militancia y en la memoria de un pueblo que ha sido testigo de una década de conquistas sociales. La causa Vialidad es mucho más que una cuestión judicial; es la disputa entre dos modelos de país. La Corte Suprema tiene la última palabra, pero la historia, como siempre, la escriben los pueblos.
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