La represión desatada contra los jubilados que protestaban frente al Congreso desató una tormenta política. La presencia de infiltrados y la posibilidad de que se haya realizado inteligencia previa por parte del gobierno de Javier Milei encendieron las alarmas en la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, que citó a Patricia Bullrich y al titular de la AFI, Sergio Neiffert, para que expliquen su accionar. Con el apoyo de sectores del PRO y la Libertad Avanza, la oposición logró imponer la investigación y poner en la mira a la ministra de Seguridad.
El gobierno de Javier Milei enfrenta una nueva crisis política, esta vez derivada de la brutal represión desatada contra jubilados y manifestantes en las inmediaciones del Congreso. La utilización de la fuerza desmedida, la aparición de infiltrados y las sospechas de que la administración libertaria habría recurrido a inteligencia previa —una práctica expresamente prohibida por la Ley de Inteligencia Interior— han desatado un escándalo que ya está siendo investigado en el Congreso.
La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, encabezada por el radical Martín Lousteau y con una fuerte presencia de legisladores de Unión por la Patria, logró imponer la citación de Patricia Bullrich y del jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Sergio Neiffert. La sesión, marcada por tensiones y un fuerte cruce discursivo entre oficialismo y oposición, culminó con un acuerdo inédito: sectores del PRO y de La Libertad Avanza respaldaron la investigación. Esto refleja el creciente malestar en algunos sectores aliados del gobierno, que buscan despegarse de una política represiva que no sólo recuerda los peores días del macrismo, sino que además pone en jaque la legalidad del accionar gubernamental.
Según trascendió, los legisladores opositores recibieron denuncias y documentos que sugieren que la AFI y el Ministerio de Seguridad realizaron reuniones previas a la movilización del 12 de marzo, anticipando un operativo que resultó en la detención de más de 100 personas y la internación del fotógrafo Pablo Grillo, gravemente herido por un proyectil de gas lacrimógeno. Las sospechas sobre la presencia de agentes encubiertos, el hallazgo de patrulleros abandonados y el armado de escenarios de violencia para justificar la represión fueron claves en la decisión de la Bicameral.
Bullrich, fiel a su estilo beligerante, ha intentado desmarcarse de las acusaciones, pero dentro del propio oficialismo comienzan a surgir fisuras. La falta de explicaciones concretas y la improvisación con la que se manejó el operativo han generado un creciente malestar. Inclusive, dentro del gabinete libertario, hay quienes ven en Bullrich una figura que podría convertirse en un lastre para Milei, especialmente en un momento en el que la opinión pública comienza a volverse cada vez más crítica ante el ajuste brutal que está llevando adelante el gobierno.
Mientras tanto, en el Congreso, la presión aumenta. La Bicameral no sólo citó a Bullrich y a Neiffert, sino que también solicitó informes a la Comisión Provincial por la Memoria, al CELS y al ex director de Inteligencia Criminal, Ricardo Ferrer Picado, quien fue desplazado tras la violenta jornada de represión. El reemplazo de Ferrer Picado por Ramiro Anzit Guerrero, un hombre con vínculos en la Interpol, también generó sospechas, ya que el cambio fue percibido como una movida para encubrir responsabilidades dentro del Ministerio de Seguridad.
A medida que la investigación avanza, crecen las dudas sobre si la represión del 12 de marzo fue un simple «exceso» o si, por el contrario, respondió a una estrategia previamente diseñada desde los despachos oficiales. La posibilidad de que se haya llevado a cabo inteligencia previa es un punto de quiebre, no sólo por la gravedad de la acusación en términos democráticos, sino porque podría derivar en responsabilidades penales para los funcionarios implicados.
El gobierno de Milei, que prometió terminar con la «casta» y los abusos del Estado, se encuentra ahora en el centro de un escándalo que expone los mismos vicios que denunciaba en campaña: espionaje ilegal, uso discrecional de la fuerza y criminalización de la protesta social. La represión a los jubilados, un sector particularmente vulnerable y simbólicamente fuerte en la opinión pública, podría convertirse en el primer gran tropiezo político para un gobierno que, a pesar de su retórica agresiva, empieza a evidenciar su fragilidad en el terreno institucional.
El futuro inmediato de Bullrich depende de su capacidad para dar respuestas convincentes en el Congreso, pero también de la voluntad política del gobierno de Milei para respaldarla o soltarle la mano. En cualquier escenario, el episodio marca un punto de inflexión en la gestión libertaria, que hasta ahora se ha caracterizado por un discurso de «mano dura» que, lejos de resolver conflictos, sólo ha exacerbado la crisis social y política.
La investigación está en marcha, las preguntas se acumulan y las respuestas, hasta el momento, brillan por su ausencia. Lo que está en juego no es sólo el destino de Bullrich, sino la credibilidad de un gobierno que, en su afán de disciplinar la protesta social, podría haber cruzado un límite que ni siquiera sus aliados están dispuestos a tolerar.
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