Con apoyo transversal de casi todos los bloques opositores, la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión investigadora para esclarecer las responsabilidades políticas en el escándalo de la criptoestafa vinculada a funcionarios del gobierno de Javier Milei.
Peronistas, radicales disidentes, la izquierda, la Coalición Cívica y bloques provinciales decidieron impulsar la investigación del llamado “criptogate”, una estafa millonaria con criptomonedas que salpica a las más altas esferas del Ejecutivo libertario. En paralelo, se aprobó la interpelación de Caputo, Francos y otros ministros. El Gobierno, acorralado, perdió el control de la agenda parlamentaria.
Mal momento para ser Milei: se creó la comisión investigadora del criptogate
La implosión comenzó como un murmullo en los pasillos del Congreso y terminó con un golpe institucional que el presidente Javier Milei no vio venir —o, peor aún, subestimó—. Este martes 8 de abril, en una sesión que marcará un antes y un después en la deriva de su gobierno, la oposición logró aprobar por mayoría la creación de una comisión investigadora sobre el escándalo del criptogate, la estafa con criptomonedas $Libra que involucra a figuras del entorno presidencial y amenaza con desatar una crisis política de dimensiones insospechadas.
Con 128 votos a favor, la Cámara de Diputados le asestó un duro revés al oficialismo. Los 94 votos de Unión por la Patria fueron el núcleo del apoyo, pero lo que realmente selló la derrota libertaria fue la confluencia de otros espacios que, en distintos momentos, coquetearon con el oficialismo: Encuentro Federal, la Coalición Cívica, la izquierda, un puñado de radicales y hasta algunos referentes provinciales que, hasta hace semanas, intentaban mantenerse en una cómoda ambigüedad. Esa zona gris se terminó.
Lo que ocurrió en el recinto no fue una jugada parlamentaria más, sino el inicio de una ofensiva política que apunta directamente al corazón del experimento libertario. Porque detrás de las palabras técnicas como «comisión investigadora» hay una verdad inquietante: el Congreso empieza a preguntar lo que el Ejecutivo se niega a responder. ¿Qué rol jugaron funcionarios del gobierno en la creación, promoción y posterior derrumbe de $Libra, la criptomoneda que prometía libertad financiera pero terminó siendo una trampa de la que algunos lograron escapar millonarios, mientras miles de ahorristas quedaron atrapados en la ruina?
La Comisión Investigadora se conformará para determinar responsabilidades políticas —y eventualmente judiciales— en el manejo de este instrumento financiero digital que, según denuncias, habría sido impulsado por operadores del oficialismo para lavar dinero, financiar campañas y obtener retornos a costa del engaño masivo. Un esquema de Ponzi posmoderno, legitimado desde las más altas esferas del poder.
A diferencia de otras votaciones, esta vez no hubo lugar para la especulación. Votaron a favor incluso los cuatro diputados catamarqueños que responden al gobernador Raúl Jalil, en una señal de ruptura con el silencio cómplice que venían sosteniendo. También acompañaron los seis legisladores de la Coalición Cívica —históricamente intolerantes a los escándalos de corrupción—, los cinco del Frente de Izquierda y buena parte de Encuentro Federal, un bloque armado con retazos del PRO desencantado, referentes cordobeses, santafesinos y chubutenses que ya no se sienten cómodos bajo el ala del oficialismo.
Democracia para Siempre, la expresión más frontal de la UCR crítica, aportó ocho de sus doce bancas, dejando a la conducción del radicalismo —sumida en la confusión y el cálculo mezquino— expuesta en su indecisión. Solo Julio Cobos, quizás apelando a su vieja mística de “voto no positivo”, se atrevió a votar a favor de investigar. Mientras tanto, Fabio Quetlas, que había colaborado para dar quórum, se ausentó cobardemente al momento de votar, al igual que Gerardo Cipolini. Silencios que pesan tanto como los votos.
Incluso nombres que, hasta hace poco, eran tenidos como aliados o al menos neutrales del gobierno, se sumaron al coro del hartazgo: Ricardo López Murphy, desde Republicanos Unidos, acompañó la iniciativa, al igual que Sergio Acevedo, exgobernador de Santa Cruz, y el santafesino Roberto Mirabella. Cuando el cerco se abre desde tantos flancos, la situación deja de ser simplemente adversa: se vuelve insostenible.
Del otro lado, el oficialismo se abroqueló como pudo con sus 93 votos, intentando frenar el alud. La Libertad Avanza puso sus 38 diputados; el PRO, disciplinado a fuerza de subordinación al ajuste, aportó 30; la UCR aportó 17 (exhibiendo la fractura interna); y completaron el rechazo algunos espacios minoritarios como Producción y Trabajo, Somos Fueguinos, Creo y el MPN. Pero no alcanzó. Las abstenciones, siete en total, terminaron por inclinar la balanza hacia la verdad.
Como si la creación de la comisión no fuera suficiente, la oposición fue por más y logró imponer también las interpelaciones del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, del ministro de Economía, Luis Caputo, del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y de Roberta Silva, titular de la Comisión Nacional de Valores. Es decir, el círculo íntimo del poder económico y político libertario será obligado a dar explicaciones públicas. Un hecho inédito en lo que va de la gestión Milei, que hasta ahora se había movido con impunidad absoluta, respaldado por una narrativa mesiánica y una estructura mediática funcional.
La votación para las interpelaciones alcanzó los 131 votos a favor contra 96 en contra. Entre los que acompañaron esta movida estuvieron los cordobeses Brugge, García Aresca y Gutiérrez, así como el radical Martín Tetaz. En tanto, otros como Manuel Aguirre —de Democracia para Siempre— se encolumnaron en la defensa del Ejecutivo, dejando en claro que no todos están dispuestos a investigar hasta las últimas consecuencias.
Aún más contundente fue la aprobación del pedido de informes al Gobierno, que cosechó 135 votos afirmativos. Nadie en su sano juicio puede pensar que se trata de una acción desestabilizadora. Todo lo contrario: es la política intentando restaurar su rol de contralor, de freno al despotismo tecnocrático y financiero que Javier Milei encarna con devoción y furia.
Lo que comienza a emerger en la Argentina no es solo una comisión investigadora sobre una criptoestafa. Es el síntoma de una fractura más profunda: la crisis del relato libertario, el colapso del blindaje mediático, la aparición de grietas en el pacto de impunidad que pretendía cubrir al gobierno en sus negocios más oscuros. El Congreso, ese órgano vilipendiado por Milei desde sus primeros discursos, empieza a recuperar el timón del control político. Y lo hace no por nostalgia institucional, sino porque el escándalo ya es demasiado grande, demasiado burdo, demasiado evidente.
La pregunta ya no es si la comisión encontrará responsables, sino cuántos. Y si el Presidente logrará sobrevivir políticamente a una investigación que amenaza con convertir su relato de pureza moral en un capítulo más del cinismo neoliberal que, esta vez, se disfrazó de anarcocapitalismo. El criptogate no es una anécdota. Es la puerta de entrada a un nuevo tiempo político. Y Milei, en el peor momento, se quedó sin margen y sin aliados.
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