El presidente, que pregona la austeridad y critica el gasto público, transfiere una millonaria suma al gobernador radical de Chaco tras sellar una alianza electoral. La reciente transferencia de $120.000 millones del gobierno de Javier Milei al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, evidencia una contradicción flagrante entre el discurso de austeridad del presidente y sus acciones políticas. Esta maniobra, que busca consolidar alianzas electorales, pone en tela de juicio la coherencia y ética del actual gobierno.
En un acto que desnuda la incoherencia entre discurso y acción, el presidente Javier Milei, conocido por su retórica incendiaria contra el gasto público y la «casta política», ha autorizado la transferencia de $120.000 millones al gobernador radical de Chaco, Leandro Zdero. Esta decisión, oficializada a través del decreto 190/2025 publicado recientemente en el Boletín Oficial, se produce apenas días después de que Zdero sellara una alianza electoral con el partido oficialista, La Libertad Avanza, de cara a las elecciones legislativas del 11 de mayo.
La provincia de Chaco atraviesa una crisis económica profunda, con dificultades para cumplir con sus compromisos presupuestarios y de amortización de deudas. La dependencia de la coparticipación federal es tal que, sin estos fondos, la provincia no podría cubrir ni siquiera los salarios de la administración pública. En este contexto, la transferencia millonaria aparece como una tabla de salvación para Zdero, quien, acorralado por la falta de recursos, no dudó en alinearse con Milei para asegurar la supervivencia financiera de su gestión.
Sin embargo, esta maniobra política revela una contradicción flagrante en la narrativa del presidente. Milei ha construido su imagen pública sobre la base de una crítica feroz al gasto público desmedido y a las prácticas de la «vieja política». No obstante, al utilizar fondos públicos para asegurar lealtades políticas y consolidar alianzas electorales, incurre en las mismas prácticas que tanto ha denostado. Esta transferencia de fondos no solo contradice su discurso de austeridad, sino que también plantea serios interrogantes sobre la ética y transparencia de su administración.
La rapidez con la que se concretó la transferencia es otro aspecto que genera suspicacias. Menos de una semana después de oficializarse la alianza entre Zdero y La Libertad Avanza, los fondos ya estaban en las arcas chaqueñas. Esta celeridad contrasta con la lentitud habitual de la burocracia estatal y sugiere una motivación política detrás de la decisión. Además, el hecho de que el gobernador Zdero haya adelantado las elecciones provinciales para el 11 de mayo, buscando capitalizar su imagen antes de que la crisis económica profundice su desgaste, añade una capa adicional de oportunismo político a la ecuación. citeturn0search0
La situación se agrava al considerar las acciones recientes de Zdero en el ámbito nacional. El mes pasado, el gobernador forzó la renuncia de su ministro de Producción, Víctor Zimmerman, para que este retomara su banca en el Senado y votara en contra de la comisión investigadora por el «criptogate», un escándalo que podría haber puesto en aprietos a Milei. Esta movida evidencia la disposición de Zdero para sacrificar la estabilidad de su gabinete en pos de alinearse con los intereses del presidente, lo que a su vez refleja la presión política y económica que enfrenta su administración.
La dependencia económica de Chaco respecto de la Nación es un problema estructural que trasciende gestiones y partidos políticos. Sin embargo, utilizar esta vulnerabilidad para tejer alianzas políticas y asegurar lealtades es una práctica que socava la integridad del sistema democrático. La transferencia de fondos condicionada a alineamientos políticos es una forma de coerción que perpetúa la dependencia y limita la autonomía provincial.
Además, esta situación sienta un precedente peligroso para el federalismo argentino. Si las provincias entienden que la lealtad política al gobierno central es la llave para acceder a recursos indispensables, se erosiona la esencia del federalismo y se fomenta un unitarismo de facto. Las provincias deberían recibir los fondos que les corresponden por derecho, no como recompensa por su alineamiento político.
La oposición y diversos sectores de la sociedad civil han expresado su preocupación por esta maniobra. Señalan que, mientras Milei predica la reducción del gasto público y la eliminación de privilegios, en la práctica utiliza el poder del Estado para beneficiar a aliados políticos, replicando las mismas prácticas que critica. Esta doble moral no solo desacredita su discurso, sino que también erosiona la confianza pública en las instituciones y en la clase política en general.
Es fundamental que los organismos de control fiscalicen esta transferencia y garanticen que los fondos se utilicen de manera transparente y en beneficio de la población chaqueña. La ciudadanía merece saber si este dinero se destinará a mejorar servicios esenciales, infraestructura y calidad de vida, o si simplemente servirá para apuntalar una alianza política que poco tiene que ver con las necesidades reales de la provincia.
La situación en Chaco es un reflejo de las contradicciones y desafíos que enfrenta la política argentina. Mientras los discursos grandilocuentes prometen cambios y reformas, las prácticas políticas tradicionales siguen vigentes, adaptándose y camuflándose según las necesidades del momento. La transferencia de $120.000 millones a Chaco es una muestra palpable de cómo el poder y el dinero siguen siendo las monedas de cambio en el tablero político nacional.
En conclusión, la reciente transferencia de fondos del gobierno de Javier Milei al gobernador Leandro Zdero expone una contradicción insalvable entre el discurso de austeridad y anticorrupción del presidente y sus acciones concretas.
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