La inesperada protesta de gendarmería: El ajuste de Milei golpea a quienes sostienen su represión

Un informe de inteligencia revela el descontento en las fuerzas de seguridad federales, especialmente en la Gendarmería, cuyos efectivos no llegan a fin de mes. Concentraciones en varias ciudades del país buscan visibilizar una crisis que el gobierno prefiere ignorar.

El gobierno de Javier Milei ha convertido la represión en una herramienta central de su gestión, pero parece olvidar que quienes ejecutan sus órdenes también son trabajadores. Un informe de inteligencia de la Policía Federal, filtrado recientemente, expone el profundo malestar que atraviesa la Gendarmería Nacional, uno de los pilares del protocolo represivo de Patricia Bullrich. Los gendarmes, encargados de contener protestas y operar en zonas calientes como Rosario y CABA, no pueden cubrir ni siquiera sus necesidades básicas. Con sueldos que no superan los $800.000 y alquileres que devoran más del 50% de sus ingresos, la crisis es insostenible.

El documento, elaborado por la Dirección General de Inteligencia Criminal de la Policía Federal, alerta sobre concentraciones masivas de gendarmes y sus familias en ciudades como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Jujuy y Salta. Los reclamos son claros: salarios dignos y condiciones laborales que les permitan vivir sin recurrir a trabajos informales. «No llegamos a fin de mes», repiten los efectivos, muchos de los cuales llevan más de 15 años de servicio. El informe cita el caso de un suboficial que, tras años de dedicación, percibe un salario neto de $800.000, insuficiente para afrontar los costos de vida en las ciudades donde son destinados.

La situación se agrava por los traslados forzosos y prolongados, que obligan a los gendarmes a alquilar viviendas en zonas donde los precios son exorbitantes. En Rosario, por ejemplo, un alquiler puede superar los $500.000, más del 60% del salario neto de un suboficial. «El 40-50% de lo que ganamos se va en alquileres, sin contar otros gastos familiares», explican los efectivos en grupos de WhatsApp que ya suman cientos de integrantes. La indignación crece al comprobar que, en 2024, apenas recibieron un aumento del 3%, mientras la inflación devora sus ingresos.

Pero el descontento no se limita a lo salarial. Los gendarmes denuncian condiciones laborales precarias, jornadas extenuantes y falta de apoyo para sus familias. En Tierra del Fuego, la Policía Aeroportuaria suma sus propias quejas: horas extras no pagadas, negación de vacaciones y hostigamiento laboral. Diez efectivos ya han solicitado bajas médicas por problemas psicológicos, un dato que revela el desgaste emocional al que están sometidos.

La ministra Bullrich, lejos de abordar el problema, parece más interesada en utilizar a la Gendarmería como brazo ejecutor de su política represiva. A pesar de que la fuerza no tiene facultades para intervenir en las calles de CABA, salvo en edificios federales, Bullrich despliega camiones de gendarmes para reprimir protestas, mientras el gobierno porteño se lava las manos. Esta estrategia no solo viola las competencias legales, sino que agrava la situación de los efectivos, obligados a pagar alquileres imposibles en una ciudad que no les pertenece.

El antecedente más cercano de rebelión en la Gendarmería se remonta a 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner, cuando una mala liquidación de haberes desató protestas masivas. En aquel entonces, se descubrió una trama de jueces que otorgaban cautelares a gendarmes y prefectos, inflando sus ingresos de manera artificial. Hoy, la crisis es diferente: no hay jueces corruptos que salven a los efectivos, solo un gobierno que prioriza el ajuste sobre las necesidades de quienes sostienen su autoridad.

Lo paradójico es que muchos de los gendarmes que hoy protestan votaron a Milei, convencidos de que su discurso de cambio les traería mejoras. Sin embargo, la realidad es que el ajuste también los golpea a ellos. «Yo lo voté», admiten algunos en redes sociales, pero añaden: «No puedo vivir con este sueldo». Esta contradicción expone la fragilidad del apoyo que Milei aún mantiene entre las fuerzas de seguridad. Si el gobierno no responde a sus reclamos, podría enfrentar una crisis de legitimidad en uno de sus pilares más importantes.

La convocatoria a concentraciones masivas, programadas para el 10 y el 25 de febrero, marca un punto de inflexión. Los gendarmes no solo buscan mejoras salariales, sino también visibilizar una crisis que el gobierno prefiere ignorar. «Arriesgan su vida por unos pocos pesos», denuncian sus familias, que se suman a las protestas. En un contexto de ajuste y despidos, el reclamo de los gendarmes es el de todos los trabajadores: salarios dignos y condiciones de vida decentes.

El gobierno de Milei enfrenta un dilema: seguir profundizando el ajuste o responder a las demandas de quienes sostienen su represión. Si opta por lo primero, podría perder el apoyo de las fuerzas de seguridad. Si elige lo segundo, deberá reconocer que su política económica está generando más pobreza y descontento. Mientras tanto, los gendarmes siguen en la calle, sosteniendo un sistema que los condena a la precariedad.

Fuentes: