La Justicia frena el avance represivo de Bullrich: un límite necesario al autoritarismo de Milei y expone el intento del gobierno de Javier Milei de criminalizar la protesta social.
En una decisión que marca un freno al avance represivo del gobierno libertario, el juez Roberto Gallardo dispuso que la Policía de la Ciudad se haga cargo del operativo de seguridad en la próxima marcha de jubilados, limitando la intervención de las fuerzas federales comandadas por Patricia Bullrich. Esta medida responde a denuncias de gremios y organizaciones sociales sobre la violencia ejercida en manifestaciones anteriores y pone en evidencia la estrategia del gobierno de Javier Milei de reprimir y criminalizar la protesta social como herramienta de control político.
La administración de Javier Milei ha mostrado desde sus inicios una preocupante inclinación hacia políticas represivas que buscan acallar cualquier forma de disidencia. La reciente decisión del juez porteño Roberto Gallardo de ordenar que la Policía de la Ciudad, y no las fuerzas federales, se encargue de la seguridad en la próxima marcha de jubilados, representa un necesario contrapeso a esta deriva autoritaria.
La medida judicial surge a raíz de un pedido de dirigentes gremiales de la CGT y la UTEP, quienes alertaron sobre la brutalidad con la que las fuerzas federales, bajo la órbita de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, han actuado en manifestaciones previas. Un ejemplo flagrante de este accionar desmedido fue la marcha del 12 de marzo, donde el fotógrafo Pablo Grillo resultó gravemente herido por una granada de gas lacrimógeno lanzada de forma horizontal por un gendarme. Además, se registraron 114 detenciones arbitrarias y múltiples denuncias de violencia innecesaria por parte de las fuerzas federales.
Estas acciones no son hechos aislados, sino que responden a una clara estrategia del gobierno de Milei para deslegitimar y reprimir la protesta social. La implementación del denominado «protocolo antipiquetes» por parte de Bullrich, sin la adhesión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, evidencia una intromisión indebida en la autonomía porteña y una violación flagrante de los derechos constitucionales de reunión y expresión.
El juez Gallardo, en su fallo, destacó la «preocupante actitud avasalladora y excesiva» de las fuerzas federales y subrayó que su intervención en manifestaciones anteriores se extendió más allá de la protección de objetivos federales, abarcando áreas que competen exclusivamente a la jurisdicción local. Esta conducta no solo vulnera la autonomía de la Ciudad, sino que también pone en riesgo la integridad física de los manifestantes y el ejercicio pleno de sus derechos.
La decisión de desplazar a las fuerzas federales del operativo de seguridad de la marcha de jubilados es, por lo tanto, un acto de justicia y un mensaje claro al gobierno nacional: la represión no puede ser la respuesta a las demandas sociales. Sin embargo, es preocupante que sea necesario recurrir a la Justicia para frenar los impulsos autoritarios de un gobierno que debería ser el primero en garantizar y respetar los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La actitud del gobierno de Milei y de su ministra Bullrich no solo refleja una visión antidemocrática y represiva, sino también una peligrosa incompetencia en la gestión de la seguridad interior. La falta de coordinación y el desconocimiento de los límites jurisdiccionales han generado caos y violencia innecesaria en las calles, afectando no solo a los manifestantes, sino también a transeúntes y trabajadores de prensa.
Es imperativo que la sociedad civil, los organismos de derechos humanos y las fuerzas políticas democráticas se mantengan alerta y actúen en defensa de los derechos y garantías que tanto costó conseguir. La represión y la criminalización de la protesta no pueden ser toleradas en un Estado que se dice democrático y respetuoso de las libertades individuales.
La medida adoptada por el juez Gallardo es un paso en la dirección correcta, pero no es suficiente. Es necesario un replanteo profundo de las políticas de seguridad del gobierno nacional, que actualmente parecen más enfocadas en silenciar las voces disidentes que en proteger a la ciudadanía. La seguridad no puede ser una excusa para el autoritarismo, y la protesta social no puede ser tratada como un delito.
En este contexto, la figura de Patricia Bullrich emerge como símbolo de una política de mano dura que ya ha demostrado ser ineficaz y perjudicial en el pasado. Su historial al frente de la cartera de Seguridad está marcado por episodios de violencia institucional y violaciones a los derechos humanos que no pueden repetirse. La sociedad argentina no puede permitirse retroceder en materia de libertades y garantías.
El gobierno de Javier Milei debe entender que la democracia se construye con diálogo, respeto y tolerancia, no con represión y autoritarismo. La protesta social es una herramienta legítima de las sociedades democráticas para expresar descontento y exigir cambios. Intentar acallarla con violencia solo demuestra la debilidad y el miedo de un gobierno que no está dispuesto a escuchar.
Es hora de que el gobierno nacional rectifique su rumbo y adopte políticas de seguridad que respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales. La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos están observando, y la historia juzgará a quienes, en lugar de proteger a su pueblo, optaron por reprimirlo.
La decisión del juez Gallardo es un recordatorio de que aún existen instituciones dispuestas a defender la democracia y los derechos de los ciudadanos. Pero la responsabilidad última recae en el gobierno de Milei, que debe abandonar su postura autoritaria y asumir el compromiso de gobernar para todos, respetando las leyes y la Constitución.
La represión no es el camino. La historia argentina está plagada de ejemplos que demuestran que la violencia estatal solo conduce a más violencia y sufrimiento. Es momento de aprender de esos errores y construir un país donde la justicia social y los derechos humanos sean la base de la convivencia.
La marcha de los jubilados será una prueba de fuego para el gobierno de Milei. La sociedad estará observando atentamente si se respeta el fallo judicial y si se garantiza el derecho a la protesta pacífica. Cualquier intento de represión será una confirmación más de la deriva autoritaria de este gobierno y un motivo de preocupación para todos los que creemos en la democracia y en los derechos humanos.
Es fundamental que los medios de comunicación, las organizaciones sociales y la ciudadanía en general se mantengan vigilantes y denuncien cualquier abuso de poder. La democracia se defiende todos los días, y no podemos permitir que se erosione por la ambición desmedida de unos pocos.
La decisión del juez Gallardo es un paso adelante en la defensa de los derechos y las libertades en Argentina. Pero la lucha no termina aquí. Es necesario seguir trabajando para garantizar que el gobierno de Milei respete la Constitución y los derechos de todos los ciudadanos. La democracia es un bien preciado que debemos proteger con firmeza y determinación.
La historia nos ha enseñado que la represión y el autoritarismo no tienen lugar.
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