La posible salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) no es solo una declaración ideológica del gobierno de Javier Milei; es una amenaza concreta que podría desencadenar la mayor catástrofe sanitaria de la historia reciente del país. En nombre de un supuesto «liberalismo extremo» que confunde soberanía con aislamiento, el gobierno está dispuesto a cortar lazos con una de las instituciones clave para garantizar el acceso a vacunas, medicamentos esenciales y apoyo técnico en situaciones de crisis.
El Prof. Dr. Oscar Atienza advierte con contundencia: salir de la OMS no es un acto simbólico ni una rebeldía burocrática. Es, en términos prácticos, un salto al vacío sanitario que dejará a la Argentina sin acceso a recursos científicos, tecnológicos y económicos vitales, afectando especialmente a los sectores más vulnerables. Mientras Milei y su gabinete de tecnócratas juegan a desmantelar el Estado, las consecuencias reales se medirán en vidas humanas.
Contrario a la narrativa libertaria que busca demonizar a los organismos internacionales, la OMS no impone decisiones. No dicta órdenes ni obliga a los países a adoptar medidas específicas. Su función es emitir recomendaciones basadas en evidencia científica, dejando en manos de cada Estado la libertad de aplicarlas según su contexto. Renunciar a esta cooperación es, por lo tanto, un acto de irracionalidad que no defiende la soberanía sino que la debilita, al privar al país de información crítica y apoyo técnico especializado.
El primer impacto de esta decisión será la pérdida del acceso al Fondo Rotatorio y Estratégico de la OPS, un mecanismo que permite comprar insumos médicos, vacunas y tecnología sanitaria a costos reducidos. Sin este apoyo, Argentina tendrá que negociar de manera individual en el mercado internacional, enfrentando precios más altos y menor capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias. La pandemia de COVID-19 demostró la importancia de este tipo de acuerdos multilaterales; romperlos es condenarse a la ineficiencia y la desigualdad en el acceso a la salud.
Pero el golpe no termina ahí. La salida de la OMS significará también el desmantelamiento de programas clave en salud sexual y reproductiva, salud materno-infantil, salud mental y la atención de enfermedades transmisibles y no transmisibles. Programas que hoy permiten prevenir y tratar enfermedades como el VIH/SIDA, la tuberculosis o el cáncer, quedarán a la deriva sin el respaldo técnico y financiero de la organización internacional.
El aislamiento sanitario también afectará directamente a la comunidad científica y médica del país. Los profesionales de la salud argentinos quedarán desconectados de redes globales de investigación y formación, perdiendo oportunidades de capacitación y actualización en las últimas tendencias y descubrimientos médicos. Instituciones emblemáticas como el Instituto Malbrán o el INCUCAI podrían ver afectado su estatus internacional, limitando su capacidad para participar en estudios clínicos globales o intercambiar conocimientos con otros países.
Uno de los riesgos más graves, y quizás menos visibles, es la pérdida de acceso prioritario a información en tiempo real sobre nuevas epidemias o pandemias. En un mundo hiperconectado, donde los brotes de enfermedades pueden cruzar fronteras en cuestión de horas, contar con datos actualizados y la capacidad de respuesta coordinada es crucial. Renunciar a esta red de vigilancia epidemiológica es condenarse a la ceguera sanitaria.
En este contexto, la decisión del gobierno de Javier Milei no puede interpretarse como un simple gesto ideológico. Es un acto de irresponsabilidad política que pone en riesgo la vida de millones de argentinos. Ajustar en salud no es una solución económica; es un acto de violencia institucional que golpea con mayor fuerza a quienes menos tienen. Menos salud, menos vacunas, menos conocimiento, menos investigación, menos tecnología: ese es el saldo del experimento libertario aplicado a la política sanitaria.
Mientras el gobierno se regodea en su retórica antiestatal, las consecuencias de estas decisiones recaerán sobre hospitales desbordados, niños sin acceso a vacunas, pacientes oncológicos sin tratamientos y comunidades enteras desprotegidas frente a brotes epidémicos. La salud pública no es un lujo ni un capricho ideológico; es un derecho fundamental y un pilar para el desarrollo de cualquier sociedad. Jugar con ella es un acto de crueldad que la historia no tardará en juzgar.
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