En un país devastado por el ajuste, donde la palabra “motosierra” se convirtió en sinónimo de hambre, despidos y destrucción de lo público, hay un área del gobierno de Javier Milei que no solo esquiva la austeridad, sino que florece como si viviera en otro país: la Secretaría de Comunicación y Medios, a cargo del vocero presidencial Manuel Adorni.
Según reveló la periodista Mariel Fitz Patrick en A24, esta dependencia manejará en 2025 un presupuesto de casi 30 mil millones de pesos, con una planta de 248 empleados al 31 de marzo, un salto de 40 trabajadores respecto de noviembre del año pasado. En plena era del «Estado reducido a su mínima expresión», la maquinaria de propaganda oficialista se engorda y consolida, mientras se destruye el sistema científico, se cierra el acceso a la salud y se condena a las universidades al colapso.
Lo que Fitz Patrick revela no es menor: dentro de esa estructura hay 18 directores, 12 coordinadores, 14 responsables de área y 52 asesores, además de un enjambre de «analistas», «referentes» y otros cargos inflados. Un festival de nombramientos y sueldos financiado con el dinero de todos, en una gestión que hace gala de la meritocracia y el recorte brutal.
La paradoja es grotesca. Mientras los docentes tienen que marchar para que no cierren sus universidades, mientras miles de niños y jubilados ven reducidos sus ingresos y sus derechos, Manuel Adorni -el mismo que se burla de las protestas sociales desde el atril de la Casa Rosada- coordina una Secretaría que se expande sin límites ni pudor.
Entre los nombres que aparecen en la trama de este escándalo está Juan Pablo Carra, conocido en redes como «John Dow», uno de los fundadores del portal ultraoficialista La Derecha Diario. Carra fue designado al frente de la Dirección Nacional de Comunicación Digital de la Presidencia, una dependencia clave para el blindaje informativo del gobierno y la difusión de contenido afín en redes sociales. La comunicación del Estado, en manos de trolls con credenciales oficiales.
La estructura, además, cuenta con direcciones de nombres tan rimbombantes como vacíos: Dirección de Monitoreo y Métricas, Dirección General de Transmisiones Presidenciales, Dirección Nacional de Estudios de la Gestión Gubernamental, Dirección de Planificación y Seguimiento de Campañas, entre otras. Una maraña burocrática que, lejos de ser reducida, parece crecer como un tumor sobrealimentado por el presupuesto público.
No hay motosierra para los amigos. No hay ajuste para los voceros. El discurso del «Estado bobo» se derrumba cuando uno mira cómo se sostiene, con dinero fresco y sin restricciones, el sistema de propaganda que cuida la imagen de Milei y ataca a todo aquel que lo cuestione. La austeridad, en este gobierno, es para los demás.
Lo que este informe pone en evidencia es el doble estándar de una administración que no tiene problemas en ajustar a los sectores más vulnerables mientras construye un aparato comunicacional a medida de sus necesidades políticas. Mientras se eliminan ministerios, se cierran organismos y se recortan derechos, la Secretaría de Medios se transforma en una fortaleza.
Con la excusa de la modernización y la «eficiencia», Milei monta un sistema de vigilancia discursiva, una especie de Gran Hermano libertario que mide, controla y ataca desde el Estado, pero con estética de cuenta troll. La comunicación pública convertida en dispositivo ideológico, financiada con los mismos fondos que antes iban a ciencia, cultura y educación.
El informe de Fitz Patrick desnuda algo más profundo: la hipocresía estructural de un gobierno que se presenta como renovador pero repite las peores prácticas de la casta a la que dice combatir. La utilización del Estado para blindarse, perseguir y amplificar su relato no es nueva, pero bajo Milei alcanza niveles de cinismo inéditos.
A medida que avanza el ajuste, el contraste es cada vez más brutal. Con la pobreza en ascenso, el desempleo creciendo y el tejido social desintegrándose, el gobierno no invierte en mejorar la vida de los argentinos, sino en garantizar que nadie pueda criticarlo sin pagar el costo del hostigamiento mediático.
Los 30 mil millones que administra Adorni no son solo una cifra. Son una declaración de principios: Milei no quiere un Estado chico, quiere un Estado servil. No le interesa el gasto, sino en qué y para qué se gasta. Y hoy, el único gasto que parece justificar es aquel que lo protege, que lo celebra, que lo vende como un mesías rodeado de enemigos.
En este contexto, la pregunta no es si la motosierra llega a todos, sino por qué no toca donde más debería. Por qué el ajuste se vuelve selectivo cuando se trata del poder. Y la respuesta está, una vez más, en el uso discrecional del Estado por parte de quienes prometieron terminar con esos privilegios. El relato se cae, pero no por las críticas de la oposición. Se cae porque el propio Milei lo pisa con cada decisión que toma.
Tags: Adorni, Comunicación, Javier Milei, Ajuste, Propaganda estatal
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