Con más de 150 detenidos, heridos graves y un mensaje claro: la protesta será castigada. En una jornada que quedará marcada por la brutalidad policial, el gobierno de Milei demostró que no hay límites para reprimir a quienes se atreven a desafiar su ajuste. Jubilados, jóvenes, familias y hasta un sacerdote fueron víctimas de una operación que buscaba sembrar el miedo.
El miércoles 13 de marzo de 2025 no fue un día cualquiera en Buenos Aires. Lo que comenzó como una marcha masiva en apoyo a los jubilados, convocada por organizaciones sociales, sindicatos y hasta hinchas de fútbol, terminó en una represión feroz que dejó un saldo de más de 150 detenidos, decenas de heridos y un mensaje claro del gobierno de Javier Milei: la protesta social no será tolerada.
Desde temprano, las fuerzas de seguridad, bajo las órdenes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mostraron su disposición a actuar con violencia. A las 15:30, una hora y media antes de que comenzara oficialmente la movilización, la Policía Federal avanzó sobre los manifestantes que se congregaban frente al Congreso. No hubo diálogo, no hubo advertencias. Solo gases lacrimógenos, balas de goma y palos. La consigna era clara: disciplinar a cualquier costo.
La marcha, que reunió a jubilados, trabajadores, jóvenes y familias enteras, tenía reclamos justos y urgentes: un aumento en las jubilaciones (hoy la mínima es de 279 mil pesos más un bono de 70 mil), la recuperación de los medicamentos gratuitos (eliminados por el gobierno de Milei) y la reapertura de la moratoria previsional, una herramienta vital para que miles de argentinos puedan acceder a una jubilación digna. Sin embargo, el gobierno no solo ignoró estos reclamos, sino que respondió con una violencia desproporcionada.
La represión: un operativo planificado para infundir miedo
La represión no fue espontánea. Fue un operativo cuidadosamente orquestado para enviar un mensaje contundente: protestar tiene consecuencias. Las fuerzas de seguridad, compuestas por la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de la Ciudad y el Servicio Penitenciario, actuaron con una saña que dejó imágenes difíciles de olvidar.
Pablo Grillo, un joven fotógrafo de FM La Tribu, recibió un impacto de gas lacrimógeno en la frente mientras documentaba la protesta. Sufrió múltiples fracturas de cráneo y daño cerebral grave. Al cierre de esta nota, su vida pendía de un hilo. Beatriz Blanco, una jubilada de 87 años, fue golpeada brutalmente por un policía y terminó en el suelo, ensangrentada y desmayada. Seis manifestantes resultaron heridos, y 17 policías también requirieron atención médica, según informó el Ministerio de Seguridad.
Las detenciones fueron masivas y arbitrarias. Cerca de 150 personas fueron privadas de su libertad, entre ellas el titular de ATE Capital, Daniel Catalano, y un monaguillo que acompañaba al sacerdote Francisco «Paco» Olveira, quien también fue agredido. Las condiciones de detención fueron caóticas: patrulleros circulaban por el centro porteño con detenidos en su interior, sin que los abogados pudieran obtener información sobre su paradero.
El relato oficial: estigmatización y mentiras
Frente a la contundencia de los hechos, el gobierno optó por la estigmatización y la desinformación. Patricia Bullrich calificó a los manifestantes como «energúmenos», «lúmpenes» y «mafiosos», asegurando que estaban «preparados para matar» y que buscaban «tomar el Congreso». Como «prueba», mostró armas y facas supuestamente incautadas, aunque videos captados por los propios manifestantes revelaron que la policía plantó un arma en la plaza.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, sumó más leña al fuego al tildar a los manifestantes de «violentos» y «criminales». Milei, por su parte, publicó en X una foto de una pintada que decía «Hay que matar al Presidente» y la acompañó con un mensaje sarcástico: «Los demoKráticos…». El gobierno intentó justificar la represión como una medida necesaria para «mantener el orden», pero lo que mostró fue un desprecio absoluto por los derechos humanos y la democracia.
El mensaje final: miedo y autoritarismo
La represión del 13 de marzo no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia del gobierno de Milei para silenciar cualquier forma de disidencia. Desde su asunción, Bullrich ha desplegado un operativo sistemático para desarticular protestas, especialmente aquellas lideradas por sectores populares. La violencia no es casual: es un mensaje claro para quienes piensen salir a la calle a reclamar. «Tengan miedo», parece decir el gobierno. «Protestar puede costarles más que unas horas de detención».
Pero la marcha de los jubilados y los hinchas demostró que hay sectores dispuestos a resistir. Los cacerolazos que resonaron en los barrios porteños y en el interior del país esa misma noche fueron una respuesta contundente a la represión. El gobierno puede intentar infundir miedo, pero no podrá silenciar a quienes luchan por sus derechos. La pregunta que queda es: ¿cuánta más violencia está dispuesto a ejercer el gobierno de Milei para mantener su proyecto de ajuste y exclusión?
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