El debate sobre la Ficha Limpia en el Congreso argentino expuso la hipocresía de un proyecto que, lejos de fortalecer la democracia, la debilita al colocar la definición de candidaturas en manos de una justicia cuestionada. Leopoldo Moreau denunció su carácter proscriptivo, señalando que es un mecanismo que busca excluir a Cristina Fernández de Kirchner del escenario político.
El Congreso argentino se ha convertido, una vez más, en el escenario de un circo romano donde los gladiadores se baten en un combate que poco tiene que ver con los intereses de la ciudadanía. Así lo describió el diputado Leopoldo Moreau, en su crítica implacable al proyecto de Ficha Limpia. Detrás de la apariencia de una ley moralizadora, se oculta un intento descarado de proscripción política, que amenaza con socavar los cimientos del sistema democrático argentino.
El proyecto establece que cualquier persona con una condena en segunda instancia quedará inhabilitada para postularse a cargos electivos. Lo que a primera vista podría parecer una medida de integridad institucional, se revela, según Moreau, como un artilugio con nombre y apellido: una maniobra para proscribir a Cristina Fernández de Kirchner. “No es una regla igual para todos”, advirtió el diputado, señalando la insólita paradoja de que alguien condenado por un delito en flagrancia podría postularse, mientras que otro, sin sentencia firme, sería excluido.
Este proyecto no es una novedad en la historia argentina. Moreau recordó cómo, tras el golpe de 1930, el radicalismo fue perseguido, sus líderes encarcelados y hasta se anularon elecciones porque los resultados no favorecían al poder de turno. Las proscripciones no son un fantasma del pasado; son una estrategia recurrente para eliminar adversarios políticos cuando el debate democrático resulta incómodo para quienes ostentan el poder.
No se trata solo de una cuestión de nombres propios, sino de un principio fundamental: el derecho del pueblo a elegir libremente a sus representantes. Poner la decisión en manos de un poder judicial cuya independencia y transparencia están severamente cuestionadas es un atentado contra la soberanía popular. Moreau fue categórico al señalar que esta ley delega en jueces – muchos de ellos envueltos en escándalos de corrupción y connivencia con el poder político y económico – la facultad de definir quién puede o no ser candidato en Argentina.
El diputado también estableció paralelismos con el decreto-ley del año 1972, impulsado por la dictadura de Lanusse, que impidió a Juan Domingo Perón presentarse a elecciones. Al igual que entonces, se pretende enmascarar la proscripción con un barniz de legalidad, disfrazando la persecución política de normativa electoral. Es la vieja táctica del lawfare: judicializar la política para despojar al pueblo de su derecho a decidir.
Esta iniciativa no es más que una pieza más en el engranaje del proyecto autoritario que encabeza Javier Milei. Un gobierno que, mientras promueve discursos de libertad y república, se dedica a concentrar poder, acallar disidencias y manipular las instituciones para perpetuar un modelo de exclusión y desigualdad. La Ficha Limpia es el espejo donde se refleja esa hipocresía: una ley que pretende limpiar la política manchándola con la tinta indeleble de la proscripción.
En definitiva, lo que está en juego no es la moralidad de los candidatos, sino la esencia misma de la democracia argentina. No se puede permitir que, bajo el pretexto de combatir la corrupción, se reinstauren las prácticas más oscuras de la historia política del país. Porque la verdadera corrupción no está en quienes se postulan, sino en quienes manipulan las leyes para impedir que el pueblo elija.
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