Ariel Lijo, juez federal con más de 20 años en el poder judicial, fue propuesto por el gobierno de Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, su nombramiento no está exento de controversias. Denuncias disciplinarias, acusaciones de corrupción y un desempeño cuestionable en la investigación de casos emblemáticos ponen en duda su idoneidad para ocupar uno de los cargos más importantes del país.
Según un informe realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) la apuesta de de Javier Milei por Ariel Lijo como candidato para ocupar una de las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no está libre de polémica. Lijo, actual juez en lo Criminal y Correccional Federal, lleva más de dos décadas en el poder judicial, pero su trayectoria está marcada por denuncias, demoras injustificadas en causas clave y un historial que genera dudas sobre su independencia e idoneidad.
Un juez con un pasado controvertido
Ariel Lijo nació en 1968 y se graduó como abogado en la Universidad de Buenos Aires en 1993. Desde 2004, es titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 4, con competencia en delitos complejos como corrupción, narcotráfico y trata de personas. Sin embargo, su carrera no ha estado exenta de escándalos. Según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Lijo ha recibido 32 denuncias disciplinarias a lo largo de su carrera, lo que lo convierte en uno de los jueces más cuestionados de Comodoro Py.
Entre las acusaciones más graves se encuentran irregularidades en el manejo de causas de corrupción, demoras injustificadas y presuntas omisiones en la investigación de casos emblemáticos. Por ejemplo, en la causa Siemens, se denunció que Lijo tenía vínculos de amistad con el exministro del Interior Carlos Corach y su hijo, lo que habría influido en su actuación. A pesar de estas acusaciones, ninguna de las denuncias ha resultado en una sanción, lo que refleja un patrón de impunidad dentro del Consejo de la Magistratura.
Denuncias penales y conflictos de interés
En 2018, Lijo fue denunciado penalmente por la diputada Elisa Carrió por asociación ilícita, lavado de activos y soborno. La causa, que investigaba un supuesto enriquecimiento ilícito del juez, fue cerrada sin mayores consecuencias, pero dejó un manto de sospecha sobre su integridad. Además, se cuestionó la actuación del juez Julián Ercolini y el fiscal Franco Picardi, quienes estuvieron a cargo de la investigación y decidieron no apelar el cierre del caso.
Otro aspecto preocupante es la situación patrimonial de Lijo. Según sus declaraciones juradas, el juez posee bienes inmuebles valuados en más de 10 millones de pesos, además de ahorros en efectivo y cuentas bancarias. Sin embargo, se han señalado inconsistencias en sus declaraciones, como la omisión de un haras valuado en 2 millones de dólares, que habría sido adquirido a nombre de su hermano Alfredo Lijo. Estas irregularidades han alimentado las dudas sobre la transparencia de su gestión.
Un desempeño cuestionable en la lucha contra la corrupción
Uno de los aspectos más criticados de la carrera de Lijo es su desempeño en la investigación de casos de corrupción. Según el Observatorio de Causas de Corrupción del Centro de Información Judicial (CIJ), de las 89 causas que ha tenido a su cargo, solo 14 han sido elevadas a juicio oral, lo que representa un 15,7% del total. Este porcentaje es uno de los más bajos entre los jueces federales, lo que evidencia una falta de efectividad en su gestión.
Además, muchas de estas causas han permanecido en etapa de instrucción durante más de una década. Por ejemplo, la causa por el vaciamiento de YPF, iniciada en 2006, sigue abierta sin que se haya procesado a ninguno de los principales implicados. Lo mismo ocurre con el caso Siemens, que investiga presuntos sobornos a funcionarios públicos durante la década de 1990. Estas demoras injustificadas han sido señaladas como un obstáculo para la rendición de cuentas y la lucha contra la impunidad.
¿Un candidato idóneo para la Corte Suprema?
La Corte Suprema de Justicia es el máximo órgano del poder judicial y tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la Constitución y proteger los derechos de todos los ciudadanos. Por ello, es fundamental que sus integrantes sean personas idóneas, independientes y comprometidas con los valores democráticos.
En el caso de Ariel Lijo, las dudas sobre su idoneidad son múltiples. Su historial de denuncias disciplinarias, las acusaciones de corrupción y su desempeño cuestionable en la investigación de casos emblemáticos lo convierten en un candidato poco adecuado para ocupar un cargo de tanta relevancia. Además, su nombramiento por parte del gobierno de Milei plantea serias dudas sobre la independencia del poder judicial y la voluntad de garantizar una justicia imparcial y transparente.
La designación de Ariel Lijo para la Corte Suprema no solo es una decisión polémica, sino también un riesgo para la credibilidad del poder judicial. En un contexto en el que la ciudadanía exige transparencia y rendición de cuentas, la elección de un juez con un historial tan cuestionable envía un mensaje preocupante. Es fundamental que el Senado, encargado de aprobar su pliego, realice un análisis exhaustivo de su trayectoria y escuche las voces de la sociedad civil antes de tomar una decisión que podría tener consecuencias profundas para la justicia argentina.
La Corte Suprema merece integrantes que inspiren confianza y respeto, no candidatos envueltos en sombras y controversias. Ariel Lijo, con su historial de denuncias y su desempeño cuestionable, no parece ser la elección correcta.
El Informe Completo
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