En un contexto de lawfare, la Justicia ordena peritajes sobre bienes de Cristina Fernández de Kirchner, reabriendo causas previamente archivadas y poniendo en duda la imparcialidad del sistema judicial.
La reciente decisión de la Justicia federal de ordenar un peritaje contable sobre el patrimonio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, correspondiente al período 2009-2015, pone de manifiesto una vez más la utilización del aparato judicial como herramienta de persecución política. Esta medida, impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita tras la reapertura de una causa por presunto enriquecimiento ilícito, refleja la continuidad de una estrategia sistemática de hostigamiento hacia la líder política.
Es alarmante observar cómo, a pesar de que en al menos tres ocasiones anteriores distintos jueces determinaron la inexistencia de pruebas suficientes para imputar a Fernández de Kirchner por enriquecimiento ilícito, se insiste en reabrir causas y promover nuevas investigaciones. En junio de 2024, el juez Julián Ercolini archivó una causa similar que abarcaba el mismo período, señalando la falta de elementos incriminatorios.
La reciente reactivación de esta causa se basa en supuestas inconsistencias en las declaraciones juradas de la expresidenta, centrando la atención en propiedades ubicadas en Santa Cruz y en su relación con Austral Construcciones, empresa de Lázaro Báez. Sin embargo, es fundamental cuestionar la verdadera motivación detrás de estas acciones judiciales y el timing político en el que se desarrollan.
La focalización en una vivienda en la calle 25 de Mayo en Río Gallegos y en la transferencia de terrenos en El Calafate a Báez parecen más una maniobra para mantener a Fernández de Kirchner en el ojo público bajo una luz negativa que una búsqueda genuina de justicia. Estas propiedades y transacciones han sido objeto de escrutinio en múltiples ocasiones, y la insistencia en revisarlas sugiere una intención de desgaste político más que de esclarecimiento legal.
Además, la atención puesta en la inscripción de un predio de 87.000 metros cuadrados a nombre de Néstor Kirchner, a pesar de figurar como copropietario junto a Austral Construcciones desde 2006, plantea interrogantes sobre la selectividad de las investigaciones y la posible omisión de contextos relevantes que podrían exonerar a la expresidenta.
La orden de peritaje, emitida el 26 de diciembre al inicio de la feria judicial, también abarca un análisis detallado de las cuentas bancarias de Fernández de Kirchner y su familia, así como de los movimientos financieros asociados a sociedades en las que tuvo participación. Esta medida, lejos de ser una simple diligencia investigativa, se inscribe en una serie de acciones que buscan socavar la imagen pública de la exmandataria y debilitar su influencia política.
Es esencial destacar que las partes involucradas en la causa han sido notificadas de estas medidas y tienen la posibilidad de proponer peritos de su confianza, así como puntos periciales adicionales que consideren pertinentes. Sin embargo, la designación de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) como perito de parte en representación del Ministerio Público Fiscal podría comprometer la objetividad del proceso, dada la evidente parcialidad demostrada en anteriores intervenciones.
La reiterada judicialización de la política y la utilización del sistema judicial como herramienta de persecución contra líderes populares no solo atenta contra las garantías individuales de los afectados, sino que también erosiona la confianza pública en las instituciones democráticas. La comunidad internacional ha observado con preocupación cómo en diversos países de la región se ha recurrido al lawfare para deslegitimar y neutralizar a figuras políticas que representan proyectos alternativos al statu quo.
En este contexto, resulta imperativo que los organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, así como las fuerzas políticas comprometidas con la democracia y el Estado de derecho, denuncien y repudien estas prácticas. La independencia judicial es un pilar fundamental de cualquier sistema democrático, y su manipulación con fines políticos constituye una grave amenaza para la vigencia de los derechos y libertades fundamentales.
La ciudadanía debe permanecer alerta ante estas maniobras que buscan desviar la atención de los verdaderos problemas que aquejan al país y que pretenden instaurar una narrativa que criminaliza a quienes han trabajado en pos de una Argentina más justa e igualitaria. La historia ha demostrado que las persecuciones políticas disfrazadas de procesos judiciales no solo dañan a los individuos directamente afectados, sino que también dejan cicatrices profundas en el tejido social y en la institucionalidad democrática.
Es hora de que la Justicia actúe con la imparcialidad y el rigor que la sociedad demanda, alejándose de influencias políticas y mediáticas que solo buscan satisfacer intereses sectoriales. La democracia argentina merece un Poder Judicial que garantice derechos, no que los vulnere al servicio de agendas ocultas.
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