El vocero presidencial Manuel Adorni, convertido en el rostro comunicacional del gobierno de Javier Milei, vuelve a estar en el centro de la polémica. Su posible candidatura como legislador en la Ciudad de Buenos Aires ha desatado un fuerte cuestionamiento sobre la utilización de recursos estatales con fines partidarios. Un legislador porteño presentó un pedido formal ante la Oficina Anticorrupción para exigir su renuncia o una licencia sin goce de sueldo, bajo la premisa de que está incurriendo en un «inaceptable aprovechamiento de su función para una finalidad ajena a la misma».
Detrás del pedido no solo hay una disputa electoral dentro del universo libertario, sino también una cuestión de fondo que expone, una vez más, la hipocresía del oficialismo. La administración de Javier Milei ha hecho de la supuesta «pureza ideológica» una bandera, denostando la «casta» y proclamando una transparencia institucional que, a la luz de este escándalo, se desmorona con brutalidad. Adorni, quien desde su puesto manipula el relato oficial, ahora pretende hacer campaña sin soltar las riendas del aparato estatal de comunicación.
El uso del Estado como trinchera política
El pedido está respaldado en la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, que establece que los funcionarios deben abstenerse de utilizar su posición para beneficios personales o partidarios. También invoca el Código de Ética de la Función Pública (Decreto 41/99), cuyo artículo 9º establece que toda acción de un funcionario debe estar exenta de intereses personales que «pongan en riesgo la finalidad de la función pública y la confianza ciudadana en las instituciones». En otras palabras, la comunicación del gobierno debe ser imparcial y no un megáfono de campaña.
Pero la realidad es muy distinta. Desde que asumió Milei, Adorni se ha convertido en un portavoz que no se limita a brindar información oficial, sino que constantemente opera como un vocero partidario, atacando opositores y legitimando el ajuste brutal que está llevando a cabo el gobierno. Su potencial candidatura no haría más que cristalizar una práctica ya evidente: el uso del aparato estatal para construir una plataforma política personal.
Un esquema que se repite: el Estado al servicio del oficialismo
El caso de Adorni no es un hecho aislado dentro del esquema libertario. Lejos de la «casta» que tanto denuncian, el gobierno de Milei viene acumulando denuncias por nepotismo, abuso de poder y desmanejos administrativos. Desde la designación de amigos y familiares en puestos clave hasta los escándalos de financiación partidaria encubierta, la estructura libertaria demuestra que la «meritocracia» de la que hablan no es más que un disfraz para encubrir las mismas prácticas que decían combatir.
Mientras la Oficina Anticorrupción evalúa el pedido, la discusión sigue abierta. El caso de Adorni no solo pone en jaque su propia continuidad, sino que también desnuda la contradicción de un gobierno que se autoproclama «anticasta» mientras se aferra con uñas y dientes a los recursos públicos para sostener sus propias ambiciones políticas. La pregunta ahora es si Milei estará dispuesto a aplicar a su vocero las mismas exigencias de transparencia que clama para sus adversarios, o si, como todo indica, seguirá utilizando el Estado como una trinchera partidaria.
Deja una respuesta