Una joven militar de 21 años terminó en terapia intensiva tras una práctica antidisturbios en la base naval de Vicente López

Una joven militar de 21 años terminó en terapia intensiva tras una práctica antidisturbios en la base naval de Vicente López. La Justicia investiga abuso de autoridad, encubrimiento y lesiones gravísimas. Nueve militares están detenidos. La sombra del autoritarismo, otra vez, dentro de las Fuerzas Armadas.

Mientras el gobierno de Javier Milei y Patricia Bullrich insiste en formar fuerzas de choque contra la protesta social, una instrucción de represión terminó con una joven soldado en coma inducido. El modelo de violencia institucional que se entrena sin ética, sin cuidado y sin ley, muestra sus primeras víctimas en casa propia.

El 4 de abril de 2025, en la base naval de Vicente López, una joven militar de 21 años llamada Brisa Páez terminó con el cráneo fracturado y el cuerpo paralizado. ¿La causa? Un simulacro represivo con sello oficial, una práctica que pretendía entrenar a miembros de las Fuerzas Armadas para sofocar disturbios. El resultado no fue la eficiencia, sino el horror: una voluntaria en coma, nueve militares detenidos y un sistema institucional cuya brutalidad dejó de ser alegórica para volverse tangible.

Esta tragedia no ocurrió en el vacío, sino en el marco de una política de “endurecimiento” diseñada por Patricia Bullrich y avalada con entusiasmo por Javier Milei. Bajo el discurso de la “mano dura”, el gobierno libertario promueve una militarización encubierta que traza una línea directa entre represión social y formación castrense. El caso de Brisa Páez es la consecuencia más clara —y más cruel— de esa política: practicar la represión no es un ejercicio teórico, sino un riesgo real de violencia sin control.

Según testigos presenciales, Brisa cayó de espaldas luego de que uno de los instructores golpeara con violencia su escudo antidisturbios. Su cabeza impactó contra el suelo y, aunque llevaba un casco protector, su cuerpo mostró signos inmediatos de desorientación. A pesar de esto, el ejercicio no se detuvo. Como si el objetivo no fuera formar, sino quebrar. Como si el simulacro fuera un campo de batalla real, con jerarquías que se ejercen con la lógica del abuso.

A Brisa no se la derivó de inmediato a un hospital, a pesar de que manifestó un intenso dolor de cabeza. Fue atendida recién horas después, primero en la enfermería de la base, luego en el Hospital Militar de Campo de Mayo. Solo cuando la joven reportó la paralización del lado izquierdo de su cuerpo y sufrió una convulsión, fue finalmente trasladada a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Militar Central. Allí le diagnosticaron una lesión axonal difusa, una de las formas más severas de daño cerebral. Para frenar las convulsiones, fue inducida a un coma farmacológico.

¿Cómo puede ser que semejante cuadro clínico haya comenzado como una “práctica”? ¿Quién está a cargo de estas formaciones? ¿Qué grado de sadismo institucional se permite bajo la excusa del “orden”? Todas preguntas que deberían incomodar al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Defensa, a la Armada y al propio Ejecutivo Nacional.

La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, está al frente de la investigación. En los últimos días ordenó allanamientos en la base naval y en los domicilios de los responsables del adiestramiento. Como resultado, nueve militares fueron detenidos. También se incautaron teléfonos celulares, registros audiovisuales y documentos internos. La acusación judicial incluye cargos de lesiones gravísimas, incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento.

Pero hay un dato aún más inquietante: Brisa apenas llevaba cuatro meses de formación dentro de la Armada y no había recibido entrenamiento previo para ejercicios antidisturbios. Era una voluntaria, sin experiencia, sin preparación, empujada a participar de una dinámica para la cual ni siquiera había sido capacitada. Los relatos de sus compañeras, además, revelan un patrón de violencia selectiva. Aseguran que Brisa fue tratada con mayor dureza que el resto del grupo. Algunas versiones señalan una posible relación previa entre la víctima y uno de los instructores, lo que sumaría un componente de hostigamiento personal al ya de por sí brutal cuadro institucional.

El gobierno nacional, por supuesto, guarda silencio. Ni Patricia Bullrich ni Luis Petri ni ningún funcionario de la administración Milei ha dado explicaciones públicas por el estado de salud de Brisa ni por el protocolo bajo el cual se desarrollan estas prácticas. Porque si algo ha caracterizado al experimento libertario en materia de seguridad es la opacidad. No se informa, no se transparenta, no se audita. Se reprime. Se entrena para reprimir. Y si hay víctimas en el camino, son daños colaterales.

Este modelo de represión como doctrina no es nuevo. Tiene sus raíces en las políticas más oscuras del país. Pero la novedad —y el peligro— es que hoy se practica a cielo abierto, con presupuesto estatal y bajo el manto de legalidad que otorga un gobierno elegido democráticamente. La administración Milei no solo ha militarizado la respuesta frente al conflicto social, sino que ahora entrena a jóvenes sin experiencia para que apliquen esa violencia, incluso contra sus propios compañeros.

Brisa Páez no fue herida en combate. Fue herida por su propia institución, en un contexto en el que debía formarse, no ser víctima. La pregunta entonces no es solo qué pasó aquel 4 de abril, sino qué tipo de fuerza está formando este gobierno. ¿Una Armada dispuesta a reprimir sin preguntar? ¿Una juventud militarizada que practica con cuerpos vivos? ¿Una lógica de “el fin justifica los medios” que, cuando falla, no pide disculpas, sino que encubre?

Mientras la Justicia avanza —y lo hace gracias a la presión de los testimonios y el evidente estado de salud de la víctima—, el Poder Ejecutivo sigue mirando para otro lado. La Armada se limitó a abrir una investigación interna, como si esto fuera un exceso aislado y no el resultado de un diseño político y logístico que emana desde arriba. Desde muy arriba.

Hoy Brisa se encuentra fuera de coma, sin respirador mecánico, consciente, aunque aún en recuperación. Su cuerpo da señales de respuesta, pero su historia revela el fracaso de una política de seguridad que no entiende de derechos humanos ni de formación responsable. Que confunde disciplina con brutalidad. Que llama «entrenamiento» a una violencia institucional que solo puede terminar en tragedia.

El caso Brisa Páez debe sacudirnos como sociedad. Porque lo que pasó en Vicente López no es un accidente, es un síntoma. Y los síntomas, si no se tratan a tiempo, se transforman en enfermedad. La enfermedad del autoritarismo, la impunidad, el abuso y la obediencia ciega. Enfermedad que, bajo el gobierno de Javier Milei y Patricia Bullrich, parece estar no solo diagnosticada, sino recetada.

Fuentes: