La diputada Vanesa Siley denunció en el Congreso que la incorporación de la figura de «Ficha Limpia» no solo viola principios constitucionales como la soberanía popular y la presunción de inocencia, sino que también parece apuntar a la exclusión política de figuras opositoras. ¿Es esta una medida democrática o un intento de controlar el poder electoral?
En una sesión cargada de tensiones en el Congreso de la Nación, la diputada Vanesa Siley, representante de Unión por la Patria, tomó la palabra para cuestionar duramente la incorporación de la figura de «Ficha Limpia» a la ley 23.298. Con un discurso incisivo y fundamentado, Siley expuso cómo esta reforma, impulsada por el gobierno de Javier Milei, no solo pone en riesgo los derechos políticos de los ciudadanos, sino que también parece estar diseñada para excluir a figuras opositoras del escenario electoral.
La diputada comenzó su intervención recordando que el artículo 37 de la Constitución Nacional garantiza el derecho a elegir y ser elegido, un principio fundamental de la democracia. Sin embargo, según Siley, la reforma propuesta por el oficialismo busca disfrazar una limitación a este derecho bajo el manto de la «transparencia». «Estamos hablando de una restricción importante a la soberanía popular», afirmó, y subrayó que cualquier intento de modificar este derecho requiere una mayoría especial, algo que no se ha respetado en este caso.
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Siley no dudó en calificar la medida como un intento de «proscripción», un término que evoca los peores momentos de la historia política argentina. «Cuando hablamos de proscripción, nos referimos a esto: a limitar la participación de ciertos sectores políticos bajo argumentos que, en apariencia, son legítimos, pero que en realidad buscan controlar el poder electoral», denunció.
Uno de los puntos más contundentes de su discurso fue la referencia a la presunción de inocencia, un principio constitucional que, según Siley, está siendo vulnerado por esta reforma. «Un argentino es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, este proyecto pretende excluir de la competencia electoral a personas que ni siquiera tienen una sentencia firme en su contra», argumentó. La diputada recordó que, de haberse aplicado esta norma en el pasado, figuras como Mauricio Macri no hubieran podido presentarse a elecciones, ya que en 2015 estaba procesado.
La crítica de Siley no se limitó a los aspectos legales. También apuntó a lo que considera un doble estándar en la aplicación de estas normas. «Este proyecto ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ajustándose a los intereses del oficialismo. Primero se hablaba de excluir a quienes tuvieran un auto de procesamiento, luego se amplió a cualquier sentencia, y ahora se busca imponer un criterio aún más restrictivo», explicó. Según la diputada, estos cambios han estado directamente relacionados con los procesos judiciales que enfrentan figuras como Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri.
«Si realmente les interesara la transparencia, cumplirían con la Constitución y no intentarían manipular las reglas del juego para favorecer a unos y perjudicar a otros», afirmó Siley, quien calificó la reforma como un «esquema mafioso» destinado a controlar el voto de la gente a través del sistema judicial.
La diputada también citó fallos de la Corte Suprema y pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para respaldar su postura. «La soberanía popular debe ejercerse sin discriminaciones injustificadas», recordó, citando un caso emblemático de la CIDH. Además, destacó que la Cámara Electoral ha priorizado siempre el principio de participación en materia electoral, algo que, según ella, este proyecto ignora por completo.
En su conclusión, Siley no dejó dudas sobre su postura: «Este proyecto no busca garantizar la transparencia, sino limitar la voluntad popular. Es una herramienta de proscripción disfrazada de legalidad». Y cerró con una advertencia: «Si realmente fueran un gobierno de la verdad, como dicen ser, no estarían persiguiendo opositores con una ley como esta».
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