Una organización narco transnacional desmantelada en Rosario: la justicia confirmó las condenas y expuso la «globalización criminal» que opera bajo el amparo de la impunidad.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas de hasta 12 años de prisión para ocho integrantes de una organización narco que intentó exportar más de 1.600 kilos de cocaína ocultos en bolsones de maíz. El caso revela la complejidad del crimen organizado y su alcance global.
En una decisión que refuerza la lucha contra el narcotráfico, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas de hasta 12 años de prisión para ocho integrantes de una organización narco transnacional que intentó contrabandear más de 1.600 kilos de cocaína de máxima pureza ocultos en bolsones de maíz. El cargamento, que tenía como destino España, fue interceptado en agosto de 2022 durante allanamientos en dos galpones del barrio Empalme Graneros, en Rosario.
El operativo, que involucró a fiscales federales, la Policía Federal y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), desbarató una estructura criminal sofisticada y altamente organizada. Los condenados formaban parte de una red que operaba en tres niveles: una jefatura internacional compuesta por ciudadanos colombianos, un grupo de coordinación en Argentina y un equipo logístico encargado de preparar y exportar la droga.
Gabriel Andrés Nicolau, uno de los líderes locales, recibió la pena más alta: 12 años de prisión. Nicolau era el encargado de coordinar los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para el contrabando. Junto a él, José Damián «el Tano» Sofía, responsable de la logística, fue condenado a 11 años. Ambos fueron identificados como coautores del delito de tráfico de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas de forma organizada.
El resto de los implicados recibieron penas que oscilan entre los 3 y los 10 años de prisión. Entre ellos, Marco Rodrigo Páez, Lucas Eduardo Hitters, Oscar Alfredo Rossi y Fabio Héctor Crucianelli, quienes cumplieron roles secundarios pero esenciales en la operación. Osvaldo Enrique Gorosito y Gastón Ariel Sofía, hijo de José, recibieron condenas menores por su participación limitada.
El fallo de la Cámara de Casación no solo confirmó las sentencias, sino que también destacó la complejidad de la organización criminal. «No puede soslayarse que se trató de una estructura organizativa delincuencial que se desarrolla al amparo de la llamada globalización criminal», señalaron los jueces Angela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci. Este fenómeno, explicaron, potencia la mundialización de tráficos ilícitos, sin límites ni fronteras, y con consecuencias lucrativas millonarias.
La investigación, que comenzó a partir de datos aportados por la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos, reveló que los líderes de la organización eran ciudadanos colombianos: Gabriel Jaime Londoño Rojas y Newson Cheung Sabogal. Ambos ingresaron a Argentina para supervisar el cargamento y dar instrucciones a Nicolau. Londoño Rojas fue detenido en Dubái en noviembre de 2022, mientras que Sabogal y otro implicado, Álvaro Ramírez Duque, permanecen prófugos.
El modus operandi de la organización consistía en ocultar la cocaína en bolsones de pellets de maíz, conocidos como «big bags», que serían exportados legalmente. Los 1.259 paquetes rectangulares de cocaína, con un peso total de 1.515,3 kilos, fueron incautados en un galpón ubicado en la calle Génova al 2400. Otros 143 kilos fueron hallados en un domicilio de la calle Cerrito al 100.
El caso no solo expone la sofisticación del crimen organizado, sino también las debilidades del sistema para combatirlo. A pesar de los avances en la investigación y las condenas, la impunidad sigue siendo un desafío. Los líderes internacionales de la organización operan desde el extranjero, aprovechando la falta de coordinación entre las jurisdicciones y las limitaciones de los tratados internacionales.
Este fallo es un recordatorio de que el narcotráfico es un problema global que requiere respuestas globales. Mientras las organizaciones criminales se adaptan y expanden, las políticas de seguridad deben ser igualmente dinámicas y coordinadas. La justicia argentina ha dado un paso importante, pero la lucha está lejos de terminar.
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