El gobierno de Javier Milei continúa su ofensiva contra el sector público, ejecutando despidos masivos en la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, así como en la Dirección Nacional de Arquitectura. Estas medidas, que se suman a las miles de cesantías anteriores, ponen en jaque programas esenciales como Procrear y Casa Propia, dejando a miles de familias en la incertidumbre habitacional.
En una maniobra que ha dejado atónitos a propios y extraños, el gobierno de Javier Milei ha ejecutado una nueva ola de despidos masivos en el sector público. Esta vez, las áreas afectadas son la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, y la Dirección Nacional de Arquitectura, donde más de 400 empleados fueron notificados de su cese laboral a través del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) el pasado viernes por la noche, en la antesala de un fin de semana largo.
La metodología de comunicar despidos en horarios y días que dificultan una respuesta inmediata por parte de los trabajadores y sus representantes sindicales se ha convertido en una constante en la gestión libertaria. Esta práctica, que busca minimizar la resistencia y la organización de los afectados, refleja una estrategia deliberada de desmantelamiento del Estado y sus funciones esenciales.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Capital, se ha denunciado esta medida como una «maniobra destructiva» que deja a 400 familias en la calle sin ninguna oportunidad. El gremio ha manifestado su firme intención de no rendirse en la lucha por la defensa del trabajo y la justicia, evidenciando la creciente tensión entre el gobierno y los sectores sindicales.
Estos despidos se suman a una serie de cesantías que han afectado a diversas áreas de la administración pública desde la asunción de Milei. Según datos oficiales, desde diciembre de 2023 hasta junio de 2024, el gobierno ha reducido en más de 26.600 la cantidad de empleados públicos, siendo la Administración Pública Nacional (APN) la más afectada.
La disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, oficializada mediante el Decreto 70/2025, ha dejado en el limbo programas fundamentales como Procrear y Casa Propia, que dependían de esta cartera. Aunque la gestión de estos programas ha sido transferida a la Secretaría de Obras Públicas, la incertidumbre sobre su continuidad y eficacia es palpable.
La decisión de disolver esta secretaría y despedir a unos 500 empleados ha dejado 16.000 viviendas en construcción abandonadas, afectando directamente a miles de familias que esperaban acceder a una vivienda digna. Esta situación agrava la crisis habitacional en el país y pone en entredicho la capacidad del gobierno para garantizar derechos básicos a sus ciudadanos.
El presidente Javier Milei ha defendido estas medidas como parte de su plan de ajuste fiscal y reducción del gasto público. En marzo de 2024, confirmó la intención del gobierno de dar de baja 70.000 contratos de empleados públicos, argumentando la necesidad de alcanzar el déficit cero y reducir la deuda.
Sin embargo, estas políticas de ajuste han generado críticas y preocupación en diversos sectores de la sociedad. La reducción drástica del personal en áreas clave del Estado no solo afecta la prestación de servicios esenciales, sino que también incrementa la desocupación y la precarización laboral. Además, la falta de diálogo y la implementación abrupta de estas medidas han sido señaladas como prácticas autoritarias que socavan la democracia y los derechos de los trabajadores.
La estrategia de Milei de reducir el tamaño del Estado a través de despidos masivos y la eliminación de organismos públicos ha sido celebrada por algunos sectores que abogan por una menor intervención estatal. Sin embargo, las consecuencias sociales de estas políticas son profundas y afectan principalmente a los sectores más vulnerables de la población. La eliminación de programas de vivienda, la reducción de servicios públicos y el aumento del desempleo configuran un escenario de creciente desigualdad y exclusión social.
La comunidad internacional observa con preocupación la situación en Argentina. Organizaciones de derechos humanos y laborales han expresado su alarma por la violación de derechos fundamentales y el deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la sociedad. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha instado al gobierno argentino a respetar los convenios internacionales y garantizar la protección de los trabajadores afectados por estas medidas.
En el ámbito político, la oposición ha condenado enérgicamente los despidos y la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda. Líderes de distintos partidos han calificado estas acciones como un atentado contra el Estado de bienestar y han exigido la inmediata reincorporación de los trabajadores despedidos. Además, han convocado a movilizaciones y acciones legislativas para frenar el avance de estas políticas de ajuste.
La sociedad civil también ha reaccionado con indignación. Organizaciones sociales, movimientos de vivienda y colectivos de derechos humanos han convocado a manifestaciones en todo el país para exigir el cese de los despidos y la restitución de los programas de vivienda. La solidaridad con las familias afectadas y la defensa de un Estado presente y garante de derechos se han convertido en banderas de lucha en este contexto de ajuste y recorte de derechos.
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