Mientras las llamas consumen miles de hectáreas y cientos de familias son evacuadas, la falta de una respuesta contundente del gobierno nacional deja al descubierto la fragilidad de las políticas ambientales y de emergencia.
En medio de una crisis ambiental sin precedentes, El Bolsón se convierte en el epicentro de una tragedia que podría haberse evitado. Con más de 5.000 hectáreas arrasadas y cientos de evacuados, la pregunta es inevitable: ¿Dónde está el Estado?
El Bolsón, un paraíso natural en la Patagonia argentina, hoy se encuentra bajo el yugo de un infierno. Las llamas avanzan sin piedad, devorando todo a su paso: bosques, viviendas y la esperanza de cientos de familias que ven cómo sus hogares se convierten en cenizas. Más de 700 familias han sido evacuadas de manera preventiva, pero muchas se resisten a abandonar sus casas, no por terquedad, sino por miedo. Miedo a que, en su ausencia, alguien más termine de destruir lo poco que les queda.
El gobierno de Javier Milei, que se autoproclama defensor de la libertad y la eficiencia, parece haber olvidado que la libertad también implica el derecho a vivir en un entorno seguro. Mientras los vecinos de El Bolsón luchan contra las llamas con sus propias manos, el gobierno nacional brilla por su ausencia. No hay aviones hidrantes operativos, no hay recursos suficientes para los bomberos, no hay un plan de contingencia claro. Solo hay humo, desesperación y preguntas sin respuesta.
El viento, que alcanza ráfagas de hasta 90 km/h, complica aún más la situación. Los brigadistas y voluntarios, verdaderos héroes anónimos, trabajan sin descanso para contener el fuego, pero sus esfuerzos parecen insuficientes ante la magnitud del desastre. Mientras tanto, el gobierno de Milei parece más preocupado por ajustar el presupuesto que por salvar vidas. ¿Es este el «cambio» que prometieron?
La tragedia de El Bolsón no es solo un desastre natural; es el resultado de años de negligencia y desidia. La falta de políticas ambientales claras, la deforestación descontrolada y la ausencia de un sistema de prevención de incendios eficiente han convertido a la Argentina en un polvorín. Y cuando el fuego estalla, el gobierno no está para apagarlo.
Los vecinos de El Bolsón no piden milagros, piden ayuda. Ayuda que, hasta ahora, no ha llegado. Mientras las llamas avanzan, el gobierno de Milei parece más interesado en debates ideológicos que en soluciones concretas. ¿Cuántas hectáreas más deben arder? ¿Cuántas familias deben perderlo todo para que el Estado actúe?
El Bolsón arde, y con él, la credibilidad de un gobierno que prometió ser diferente. Las llamas no discriminan, pero el Estado sí. Y hoy, los más vulnerables pagan el precio de su inacción.
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