Fuga en Microcentro: Un nuevo escape en pleno corazón de Buenos Aires expone la falta de control en las comisarías porteñas

Wilson Marcelo Ramírez Ríos, detenido por delitos graves, se fugó de la Comisaría 1D en Lavalle 451. Este caso se suma a una seguidilla de escapes que cuestionan la gestión de seguridad del Gobierno de Jorge Macri y su ministro Waldo Wolff.

La Ciudad de Buenos Aires parece haberse convertido en un escenario de película de acción, donde las fugas de presos ya no sorprenden, sino que indignan. Este domingo, Wilson Marcelo Ramírez Ríos, un detenido por encubrimiento agravado, falsificación de documentación pública y resistencia a la autoridad, se escapó de la Comisaría 1D, ubicada en Lavalle 451, en pleno Microcentro porteño. El hecho no solo evidencia la falta de control en las dependencias policiales, sino que también deja al descubierto la incapacidad del Gobierno de Jorge Macri para garantizar la seguridad en la Ciudad.

Ramírez Ríos, de nacionalidad peruana, logró evadirse durante el horario de visitas, alrededor de las 16 horas, en circunstancias que aún se investigan. Según fuentes policiales, el hombre vestía una musculosa azul y un pantalón negro corto al momento de su escape. La Policía de la Ciudad revisa las cámaras de seguridad para rastrear su paradero, pero la pregunta que todos se hacen es: ¿cómo es posible que un preso pueda fugarse de una comisaría en una de las zonas más transitadas y vigiladas de la capital?

Este no es un caso aislado. La fuga de Ramírez Ríos se suma a una serie de escapes que han marcado el inicio del 2025. Hace apenas una semana, seis presos se escaparon de la Comisaría Vecinal 6A de Caballito, entre ellos Eduardo Ajalla Cabrera, acusado de homicidio y aún prófugo. El 22 de enero, otro intento de fuga fue frustrado en la alcaidía 8 Bis, donde se descubrió que los detenidos intentaban perforar un boquete en una de las celdas. Sin embargo, el 24 de diciembre del año pasado, diecisiete presos lograron huir de la Alcaidía Comunal 9 en Liniers utilizando el mismo método.

La seguidilla de fugas ha generado un cruce de acusaciones entre el Gobierno porteño y el nacional. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, criticó la decisión de la Ciudad de frenar la construcción de una alcaidía en Villa Soldati y recordó que fue Horacio Rodríguez Larreta quien paralizó la edificación de un penal en Marcos Paz, ahora retomado por Jorge Macri. Por su parte, Waldo Wolff, ministro de Seguridad porteño, responsabilizó al Gobierno nacional, argumentando que los delitos de robo y hurto no fueron transferidos a la Ciudad y que corresponden al Servicio Penitenciario Federal. «Este Gobierno nacional se tiene que llevar los presos y no se los lleva», sentenció Wolff.

Pero las excusas no bastan. La realidad es que las comisarías porteñas están colapsadas. Según fuentes del Gobierno de la Ciudad, más del 90% de los detenidos en alcaidías dependen de causas de la Justicia nacional, que deberían cumplir su detención en cárceles federales. Sin embargo, desde 2020, el Gobierno nacional dejó de cumplir el compromiso de trasladar a estos presos, lo que ha agravado la situación.

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La falta de espacio y las condiciones precarias en las comisarías no solo facilitan las fugas, sino que también violan los derechos básicos de los detenidos. En junio de 2020, el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad presentó un habeas corpus colectivo denunciando estas condiciones. Aunque se ordenó la creación de una «Mesa de Aproximación» para desalojar las comisarías, las medidas han sido insuficientes.

Mientras tanto, el Gobierno de Jorge Macri anuncia inversiones récord en seguridad, con más patrulleros, cámaras y equipamiento. Pero, ¿de qué sirve todo esto si no se resuelve el problema de fondo? Las fugas no son solo un fracaso operativo, sino un reflejo de la descoordinación y la falta de planificación entre las autoridades.

La ciudadanía está cansada de ver cómo los delincuentes burlan a las fuerzas de seguridad una y otra vez. Las fugas no solo ponen en riesgo la seguridad pública, sino que también erosionan la confianza en las instituciones. Es hora de que el Gobierno de Jorge Macri deje de culpar a otros y asuma su responsabilidad. La seguridad no se construye con discursos, sino con acciones concretas.

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