El aumento del 12% en el Boleto Educativo Gratuito y el colapso del poder adquisitivo revelan el fracaso de las políticas nacionales. Mientras el Gobierno recorta, Córdoba intenta contener la hemorragia.
La demanda del subsidio al transporte estudiantil se dispara como termómetro de una clase media que ya no puede pagar lo básico. Con inflación galopante y sin apoyo de la Nación, las familias migran de la educación privada a la pública. ¿Hasta cuándo aguantará la provincia?
El derrumbe silencioso: cuando el boleto educativo es la única salida
Los números no mienten, pero el Gobierno nacional parece no querer escucharlos. En Córdoba, el Boleto Educativo Gratuito —ese salvavidas para miles de familias— registró un aumento del 12% en su demanda durante 2024. Detrás de esta cifra fría hay un drama social palpable: la clase media ya no puede sostener los gastos que antes daba por sentados. Transporte privado, colegios pagos, actividades extracurriculares… todo se desvanece bajo el peso de una inflación que devora salarios y subsidios.
Marcelo Rodio, secretario de Transporte de la Provincia, lo dice sin eufemismos: «La situación económica golpea a cada familia argentina, pero especialmente a la clase trabajadora». Lo que no dice —pero se lee entre líneas— es que el ajuste brutal impulsado por Javier Milei ha acelerado este descalabro. Mientras el Estado nacional estrangula las transferencias a las provincias, Córdoba se ve obligada a destinar 63.500 millones de pesos para cubrir un programa que, en teoría, debería ser una red de contención, no un síntoma de emergencia.
Del colegio privado al público: la migración forzada
El dato más revelador —y doloroso— está en las aulas. De los 346.700 alumnos secundarios en la provincia, más de 208.600 asisten a escuelas públicas. Pero lo alarmante es que, de ese total, 115.000 jóvenes dependen hoy del boleto subsidiado. Es decir: casi un tercio de los estudiantes de nivel medio no podría llegar a clases sin ayuda estatal. Si el cálculo se reduce solo a los que van a instituciones públicas, la cifra supera el 50%.
¿Qué significa esto? Simple: familias que antes pagaban transporte escolar o llevaban a sus hijos en auto ahora dependen de un subsidio. Padres que eligieron la educación privada como símbolo de ascenso social hoy no tienen más remedio que trasladarlos a la escuela pública. El sueño de la clase media se resquebraja, y el Gobierno nacional mira para otro lado.
El doble estándar de Milei: subsidios para el AMBA, migajas para el interior
Rodio no disimula su enojo: «Mientras el Gobierno nacional envía 74.000 millones mensuales para subsidiar el transporte en el AMBA, a Córdoba no llega ni un peso». La denuncia no es menor. Expone la hipocresía de un discurso que pregona el «ajuste responsable» pero mantiene privilegios para unos pocos. El conurbano bonaerense sigue siendo el gran beneficiario de la pauta fiscal, mientras las provincias del interior —gobernadas muchas por aliados del oficialismo— son abandonadas a su suerte.
El gobernador Martín Llaryora, lejos del relato confrontativo de otros peronistas, ha cumplido con cada exigencia de ajuste que le impusieron desde Nación. Sin embargo, la esperada «reciprocidad» nunca llegó. Ahora, la pulseada por los fondos de la Caja de Jubilaciones provincial promete escalar, pero mientras tanto, las cuentas no cierran: el Paicor, el programa de asistencia alimentaria escolar, proyecta un aumento del 325% en su presupuesto para 2025. Es decir, donde Milei recorta, la pobreza se expande.
¿Quién paga los platos rotos?
La crisis de la clase media cordobesa no es un accidente, sino la consecuencia directa de un modelo económico que sacrifica derechos en nombre de un déficit cero ficticio. El boleto educativo es solo la punta del iceberg: detrás vienen el desempleo, la caída del consumo y una generación entera condenada a perder lo que sus padres conquistaron.
Milei puede seguir negando la realidad con frases hechas y ataques a la «casta», pero en Córdoba —como en el resto del país— los números gritan lo que el Presidente se niega a oír: su ajuste no está matando el déficit, está matando el futuro. Y mientras tanto, Llaryora se queda solo, intentando poner parches a una herida que ya es estructural.
La pregunta que queda flotando es incómoda pero necesaria: ¿Cuánto más podrá aguantar la provincia antes de que el colapso sea irreversible?
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