A diez meses del crimen de Barracas, donde tres mujeres lesbianas fueron quemadas vivas en un brutal ataque, la violencia contra la comunidad LGBTI+ sigue en aumento. Las cifras son alarmantes: solo en 2024, se registraron 140 crímenes de odio en el país, mientras que las agresiones hacia lesbianas persisten en un contexto de discursos estigmatizantes por parte del gobierno de Javier Milei y un desmantelamiento de políticas de protección y prevención de la violencia de género.
La investigación del crimen de Barracas sigue plagada de irregularidades. Sofía, la única sobreviviente, continúa exigiendo justicia por sus compañeras asesinadas, mientras que el agresor solo ha sido imputado por homicidio doblemente agravado y lesiones graves, sin que se considere la figura de femicidio ni el agravante de crimen de odio por orientación sexual o identidad de género. Este vacío en la tipificación penal delata la negligencia del Estado y su incapacidad de garantizar justicia para las víctimas de violencia hacia la diversidad.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, denunció que el contexto de discriminación estructural en el país se ha visto agravado por las declaraciones públicas de la máxima autoridad nacional, quien ha llegado a calificar a la diversidad sexual como «un cáncer que hay que extirpar». Estas expresiones, lejos de ser anecdóticas, legitiman el odio y la violencia contra la comunidad LGBTI+ y dan carta blanca para que sectores conservadores ejerzan agresiones con total impunidad.
En lo que va del 2025, se han registrado al menos tres ataques brutales contra lesbianas en distintos puntos del país: Orán (Salta), la Ciudad de Buenos Aires y Cañuelas (Provincia de Buenos Aires). Estos hechos, lejos de ser casos aislados, responden a un patrón sistemático de violencia que se ve reforzado por la desprotección estatal y la hostilidad de un gobierno que ha desmantelado las políticas de género.
7 de marzo: Visibilidad Lésbica en un país hostil a la diversidad
Cada 7 de marzo, la comunidad lésbica recuerda a Natalia «Pepa» Gaitán, asesinada en Córdoba en 2010 por su orientación sexual. Sin embargo, lejos de ser una jornada de conmemoración, la fecha se ha convertido en un grito de auxilio ante una violencia que no cesa. El crimen de Barracas y los recientes ataques demuestran que las lesbianas continúan siendo blanco de agresiones letales, muchas veces legitimadas por discursos que buscan patologizarlas o eliminarlas del espacio público.
El Primer Relevamiento de Condiciones de Vida de la Diversidad Sexual y Genérica de Argentina (2023) arroja cifras escalofriantes: el 36% de las lesbianas ha sufrido intentos de «corrección» de su sexualidad por parte de profesionales de la salud, el 21% ha sido víctima de agresiones físicas o verbales en el ámbito familiar y el 31% ha sido atacada en la vía pública. Estos números no hacen más que reflejar la violencia cotidiana a la que están expuestas en una sociedad cada vez más permisiva con el odio.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los crímenes de odio rara vez son hechos aislados: suelen estar precedidos por un clima social de deshumanización y discriminación. Y en Argentina, ese clima ha sido promovido desde las altas esferas del poder. Con la llegada de Javier Milei al gobierno, las políticas de protección a la comunidad LGBTI+ han sido desmanteladas, eliminando recursos destinados a la prevención de la violencia y dejando en la indefensión a miles de personas.
Un Estado ausente que habilita el horror
El rol del Estado en la garantía de derechos es clave, pero la actual administración ha decidido darle la espalda a la comunidad LGBTI+. La desfinanciación de programas de asistencia, la eliminación de dependencias clave en la promoción de derechos de género y diversidad, y el abandono de las políticas de protección han generado un caldo de cultivo perfecto para el recrudecimiento de la violencia. Mientras tanto, el discurso oficial busca minimizar estos crímenes o, peor aún, justificarlos bajo una supuesta «batalla cultural» contra la «ideología de género».
No es casualidad que los ataques contra lesbianas y personas LGBTI+ hayan aumentado en los últimos meses. El aval implícito de un gobierno que demoniza la diversidad sexual se traduce en hechos concretos: más violencia, más impunidad y más vidas arrebatadas. La falta de justicia en el crimen de Barracas es una muestra de cómo el Estado elige mirar hacia otro lado, negándose a reconocer la existencia de crímenes de odio y femicidios vinculados a la identidad sexual y de género.
El peligro de la indiferencia
La situación es crítica y el silencio no es una opción. La comunidad LGBTI+ en Argentina enfrenta uno de los momentos más oscuros de las últimas décadas, con un gobierno que no solo niega la violencia sistemática, sino que contribuye a su expansión con discursos de odio. El asesinato de tres mujeres lesbianas en Barracas y los recientes ataques en Salta, Buenos Aires y CABA no pueden ser relativizados ni quedar impunes.
La lucha por la justicia y la visibilización de estos crímenes es una tarea urgente. La comunidad LGBTI+ no puede seguir pagando con sus vidas la negligencia de un Estado que ha decidido convertirse en cómplice del odio. El 7 de marzo no es solo una fecha de conmemoración: es un recordatorio de que la resistencia es la única opción ante un poder que busca borrar del mapa a quienes desafían su orden retrógrado y violento.
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