La corrupción mileista sacude a la fábrica de aviones FADEA

La corrupción vuelve a sacudir a la histórica fábrica de aviones mientras el gobierno de Milei mira hacia otro lado.

La Fábrica Argentina de Aviones (FADEA) está nuevamente en el ojo de la tormenta. Nueve funcionarios y exfuncionarios, junto con directivos de empresas proveedoras, han sido imputados por presuntas coimas en licitaciones de bienes y servicios. La investigación, impulsada por la Oficina Anticorrupción, destapó un esquema de sobornos sistemático que involucra a la cúpula de la empresa estatal. Mientras la Justicia avanza con allanamientos y medidas cautelares, el gobierno de Javier Milei opta por el mutismo, una actitud que despierta dudas sobre su real compromiso con la transparencia.

Una fábrica histórica atrapada en la telaraña de la corrupción

La FADEA, creada en 1927 y símbolo de la industria aeronáutica argentina, hace tiempo dejó de ser noticia por sus avances tecnológicos para convertirse en un caso recurrente de escándalos financieros y administrativos. A lo largo de los años, la fábrica ha atravesado ciclos de producción y paralización, con gobiernos que la usaron como botín político y gestores que hicieron de la ineficiencia un negocio rentable.

El último episodio de esta saga lo protagonizan nueve funcionarios imputados por el fiscal federal Carlos Casas Nóblega, en el marco de una causa que investiga 28 presuntos hechos de cohecho activo y pasivo. La maniobra delictiva se habría montado en torno a las licitaciones de proveedores de bienes y servicios para la empresa, asegurando contratos a cambio de sobornos. Entre los involucrados hay empleados actuales, exfuncionarios y directivos de dos compañías, una extranjera y otra local.

Este caso no es un hecho aislado. En los últimos años, FADEA ha estado bajo la lupa judicial por denuncias de administración fraudulenta y manejos turbios de fondos públicos. Sin embargo, los escándalos parecen no generar consecuencias reales: los nombres de los responsables rara vez trascienden, las sanciones son mínimas y la corrupción sigue enquistada en la estructura de la empresa.

Milei y la falsa bandera de la transparencia

El gobierno de Javier Milei llegó al poder con la promesa de erradicar la corrupción y “dinamitar” la casta política y empresarial. Sin embargo, cuando los escándalos salpican a funcionarios o estructuras estatales bajo su órbita, la reacción es el silencio calculado.

Desde que se hizo pública la denuncia de la Oficina Anticorrupción, ni el presidente ni sus funcionarios de primera línea han dado explicaciones. La única referencia oficial fue una mención fugaz del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en su informe de gestión a fines de 2024. En lugar de condenar el hecho y garantizar que se investigue a fondo, el gobierno nacional parece más preocupado en desentenderse del problema que en enfrentarlo.

Esta actitud es coherente con la estrategia de Milei: golpear al Estado como estructura, pero proteger a los actores privados que se benefician de su desmantelamiento. Bajo el pretexto de la “eficiencia”, el gobierno impulsa la privatización de empresas públicas, incluso cuando el verdadero problema no es su existencia sino su gestión opaca y la impunidad con la que operan sus funcionarios.

El caso FADEA es un ejemplo claro: en vez de encarar una limpieza interna y una reforma estructural que erradique la corrupción, la solución propuesta por Milei y su equipo es transferir la fábrica a la órbita de la provincia de Córdoba, dejando intacto el problema de fondo. ¿Se trata de una decisión estratégica o simplemente una forma de sacarse de encima un escándalo incómodo?

Corrupción estructural y la ausencia de controles

El escándalo de FADEA no solo expone la podredumbre interna de la fábrica, sino también el fracaso de los mecanismos de control estatales. A pesar de que la Oficina Anticorrupción realizó la denuncia y la Justicia federal avanzó con imputaciones y allanamientos, el sistema sigue funcionando como un engranaje bien aceitado de impunidad.

Los casos de corrupción en FADEA se suman a una larga lista de irregularidades en otras empresas públicas y organismos estatales que, bajo distintos gobiernos, han operado con la misma lógica del saqueo. Sin auditorías efectivas, con funcionarios que responden más a intereses privados que al bien común y con una Justicia que rara vez logra condenas ejemplares, la corrupción no es un accidente, sino una práctica habitual.

Mientras tanto, el gobierno de Milei promueve un ajuste brutal que golpea a los trabajadores y desfinancia áreas esenciales, bajo el argumento de que “no hay plata”. Sin embargo, el desfalco de los fondos públicos sigue ocurriendo en las sombras, con maniobras que benefician a una minoría selecta de empresarios y funcionarios corruptos.

El desguace de FADEA: entre la privatización y la impunidad

El futuro de FADEA pende de un hilo. La negociación entre el gobierno nacional y la administración de Martín Llaryora para traspasar la fábrica a la provincia de Córdoba es una jugada que deja más preguntas que respuestas.

Si el problema real es la corrupción y la falta de gestión, ¿por qué no se toman medidas para depurar la estructura y hacerla realmente eficiente? En cambio, la opción elegida por el gobierno es el traspaso, que no garantiza transparencia ni pone fin a los manejos turbios.

El caso FADEA es una radiografía del modelo de Milei: una gestión que se jacta de ser anticasta, pero que termina protegiendo a los mismos intereses de siempre. Mientras los funcionarios corruptos encuentran resquicios para seguir enriqueciéndose con la plata del Estado, el gobierno sigue descargando el ajuste sobre la mayoría de los argentinos, recortando derechos y destruyendo la industria nacional.

En última instancia, la corrupción en FADEA no es solo un problema de una empresa pública, es una muestra del colapso de un Estado que, en manos de gobiernos cómplices o incapaces, se convierte en un festín para los de siempre. Y mientras tanto, la sociedad sigue pagando la cuenta.