Mientras el gobierno nacional ejecuta un brutal plan de ajuste que paraliza la economía real, trabajadores y organizaciones sociales denuncian una crisis humanitaria en crecimiento. La Pastoral Social califica la situación como “dramática” y exige una economía con rostro humano.
En Olavarría, corazón industrial del interior bonaerense, se libra una batalla desigual entre un pueblo golpeado por despidos masivos, el cierre de fábricas y el desprecio oficial por el trabajo. La política libertaria de Javier Milei exhibe sus consecuencias más crueles: desindustrialización, desocupación, miseria. Mientras tanto, la Iglesia católica rompe el silencio y se planta con un mensaje incómodo: el sufrimiento humano no es una variable económica, y la economía que mata no es economía.
En Olavarría, el desastre tiene nombre propio: desindustrialización. A paso firme, implacable y metódico, el plan de ajuste libertario está desmantelando no sólo la estructura productiva de esta emblemática localidad del centro bonaerense, sino también el tejido social que la sostenía. Lo que alguna vez fue un polo fabril hoy es un desierto laboral. En lugar de máquinas funcionando y chimeneas humeantes, lo que queda son portones cerrados, telegramas de despido y familias a la intemperie.
El detonante más reciente fue el cierre de la Fábrica de Bolsas Industriales (FABI), ubicada en Estación Hinojo, una empresa que daba trabajo directo e indirecto a unas 150 familias. La compañía atribuyó su decisión a la caída abrupta de ventas, producto de la contracción del mercado interno y la apertura indiscriminada de importaciones. Una postal perfecta del modelo Milei: las industrias nacionales no pueden competir con productos extranjeros, las pymes no tienen espalda para sobrevivir al tarifazo, y los consumidores ya no consumen porque sus salarios fueron pulverizados.
En paralelo, decenas de trabajadores de la cerámica Cerro Negro también fueron despedidos, sumándose a la lista creciente de los expulsados del sistema. Frente a este panorama desolador, los principales sindicatos de la región —AOMA y SOECO— salieron a la calle, encabezando un masivo reclamo que culminó en la sede local de ANSES. Allí, los dirigentes gremiales Alejandro Santillán, Bruno D’Amico y Gustavo Bustamante entregaron un documento con una demanda clara: que la referente libertaria local, Celeste Arouxet, interceda ante el gobierno nacional para frenar la sangría.
“Esta alarmante tendencia a la desindustrialización está generando un daño profundo en el entramado productivo local y en la vida cotidiana de miles de olavarrienses”, señala el escrito, que no se queda en generalidades: exige responsabilidad política. Los firmantes recuerdan que los cargos que ostentan los representantes de La Libertad Avanza son financiados por el esfuerzo de los ciudadanos y que, por lo tanto, deben actuar en defensa del interés común.
La respuesta de Arouxet fue tan superficial como cínica. Argumentó que la crisis económica local “viene desde hace 20 años” y que ya en el pasado había presentado un proyecto para “repensar” Olavarría. Un argumento gastado, más enfocado en la autodefensa que en la solución. Intentó despegarse de la responsabilidad directa en los despidos y sostuvo que sus concejales no están en contra de los trabajadores, aunque días antes se habían abstenido de apoyar en el Concejo Deliberante una moción de respaldo a los despedidos.
Pero la gente no se calló. “¡No se notó!”, gritó uno de los trabajadores presentes, en un acto espontáneo de dignidad y hartazgo. La líder libertaria firmó el documento, prometió “elevarlo a sus superiores” y bajó la persiana. Mientras tanto, los obreros vuelven a sus casas sin trabajo, sin respuestas y con la certeza de que el “cambio” prometido sólo les trajo hambre.
Sin embargo, lo que vuelve esta situación aún más inquietante es la irrupción de una voz que rara vez se mete en el barro político: la Iglesia Católica. A través de la Pastoral Social de la Diócesis de Azul, la Iglesia publicó un comunicado en el que denuncia, sin eufemismos, las “circunstancias dramáticas” que vive la población de Olavarría. La Pastoral no sólo se solidariza con los trabajadores y sus familias, sino que plantea una objeción de fondo al paradigma económico actual.
“El crecimiento económico nunca será bienvenido si se produce en detrimento del crecimiento humano, social y laboral”, afirma el documento. Una frase que desarma en una línea la lógica tecnocrática del mileísmo, que pretende reducir la política económica a una simple planilla de Excel. Pero la economía no es neutral: tiene consecuencias humanas. Cuando el mercado se impone como dios, los pobres son sacrificados en su altar.
El texto también advierte que los despidos no afectan sólo al empleo directo, sino también al indirecto: servicios tercerizados como limpieza, comedor, mantenimiento. Es decir, se trata de un derrumbe en cadena que afecta al conjunto de una comunidad de 3.000 habitantes, muchos de los cuales dependían de esas industrias para sobrevivir.
La Pastoral Social no dudó en citar al Papa Francisco, quien ha sido crítico recurrente del capitalismo financiero. En palabras del pontífice: “Debemos ser prudentes con la economía: si se centra demasiado sólo en las finanzas, en meras cifras que no tienen entidades reales detrás, entonces la economía se pulveriza y puede conducir a una grave traición. La economía debe ser una economía social”. ¿Quién puede seguir defendiendo el “modelo libertario” después de semejante diagnóstico moral?
La gravedad de la situación en Olavarría no es un hecho aislado, sino el síntoma de un modelo nacional. El freno total a la obra pública —una de las medidas más crudas del gobierno de Javier Milei— ha generado un efecto dominó: se paraliza la construcción, caen las ventas, se frenan las inversiones, cierran las fábricas. El ajuste fiscal que celebran los mercados se traduce en destrucción de empleo, pobreza y desesperanza.
En este contexto, las palabras de los sindicatos olavarrienses adquieren un peso urgente: “Rechazar la paralización de una obra también es rechazar la paralización de buena parte de la economía olavarriense”. Porque las obras públicas no son gastos superfluos; son motores económicos que dinamizan todo un ecosistema productivo. Quitarles financiamiento en nombre del déficit cero es una receta para el colapso.
Lo más alarmante es la naturalización del desastre. El gobierno nacional, parapetado detrás de su dogmatismo antiestatal, observa el derrumbe social como si fuera parte de un necesario proceso de “depuración”. Pero el daño es real, es inmediato y es masivo. En nombre de una supuesta libertad, se están sacrificando miles de vidas a la lógica del ajuste.
Olavarría es hoy un laboratorio del fracaso libertario. La desocupación crece, la pobreza se profundiza y el tejido social se rompe. Lo que allí ocurre debería ser una alarma encendida para todo el país. Y sin embargo, desde la cima del poder, la respuesta es el silencio o el desprecio.
La Iglesia lo vio antes que muchos: sin justicia social, no hay paz. Y sin trabajo, no hay dignidad. La economía que prescinde del ser humano no es economía, es crueldad organizada.
Fuentes:
- https://www.infogremiales.com.ar/por-la-ola-de-despidos-en-la-zona-increpan-a-la-principales-referentes-libertarios-de-olavarria-exigimos-que-intervengan-de-forma-urgente-y-activa/
- https://www.infogremiales.com.ar/advertencia-de-la-pastoral-social-por-la-ola-de-despidos-en-olavarria-la-economia-debe-ser-una-economia-social/
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