El presidente Javier Milei afirmó recientemente que su gestión «sacó a casi 10 millones de personas de la pobreza», basándose en estimaciones de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) que sitúan la pobreza en un 34,8% para el tercer semestre de 2024. Sin embargo, un análisis crítico de estos datos revela una narrativa construida sobre manipulaciones estadísticas y omisiones clave que buscan maquillar la cruda realidad económica del país.
Confusión deliberada de fuentes y métodos
Milei compara cifras de diferentes organismos sin considerar sus metodologías disímiles. El 57% que menciona corresponde a una estimación del Observatorio de la Deuda Social de la UCA en enero de 2024, no a los datos del INDEC ni de la UTDT. La UCA mide la pobreza a través de encuestas propias que consideran variables multidimensionales, incluyendo ingresos, acceso a servicios básicos, educación y salud. Por otro lado, el INDEC utiliza la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), basada en datos representativos a nivel nacional y con una metodología más estandarizada y rigurosa.
La UTDT, por su parte, utiliza el «nowcast de pobreza» de Martín González Rozada, un modelo estadístico que proyecta tendencias a partir de datos agregados, como el crecimiento del PBI, la inflación y la evolución de salarios, pero que no refleja con precisión la situación real en los hogares argentinos. Este modelo tiene un carácter predictivo y está sujeto a márgenes de error significativos, ya que no capta la dinámica compleja de la economía informal ni los cambios abruptos en las condiciones de vida de la población vulnerable. Además, se basa en supuestos económicos que pueden distorsionar la realidad si no se actualizan constantemente.
Esta confusión deliberada entre fuentes y métodos no es inocente: busca generar una percepción de mejora social sin un respaldo empírico sólido, aprovechando la falta de familiaridad del público general con las complejidades de las mediciones estadísticas.
La pobreza en contexto: la economía real vs. los números fríos
La supuesta «reducción» de la pobreza se produce en un contexto de:
1. Devaluación acelerada que disparó la inflación, erosionando el poder adquisitivo de los salarios.
2. Ajustes fiscales brutales que afectaron programas sociales, subsidios y servicios públicos esenciales.
3. Desempleo y precarización laboral producto de una recesión autoinfligida por las políticas de shock del gobierno.
Estos factores, lejos de aliviar la pobreza, profundizan la desigualdad al agravar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables. La supuesta «reducción» estadística de la pobreza responde principalmente a un artificio técnico: el ajuste de las líneas de pobreza y cambios en los parámetros de cálculo que no reflejan el deterioro real en el acceso a bienes y servicios básicos.
En lugar de evidenciar una mejora tangible, estos números maquillan el impacto de políticas que han empobrecido aún más a amplios sectores de la población, ocultando tras cifras optimistas la creciente precarización social y económica.
El espejismo del «nowcast»: cómo se fabrica una mejora ficticia
El modelo de la UTDT se basa en datos agregados de ingresos y precios, sin capturar la heterogeneidad del impacto económico en distintos sectores sociales. Además de ser burdo, se podría decir que falta a la ética profesional. Claramente se percibe que no está en búsqueda de la verdad si no más bien de alcanzar ciertos objetivos que defiendan un relato. Veamos en que nos sustentamos para decir esto.
1. Ignora el empleo informal, que representa una parte significativa de la economía argentina y afecta directamente la precisión de cualquier análisis sobre la pobreza. Este sector abarca a trabajadores sin protección social, sin acceso a derechos laborales básicos y con ingresos inestables que fluctúan según la coyuntura económica. La falta de registro oficial dificulta su inclusión en estadísticas tradicionales, lo que genera una subestimación del verdadero alcance de la pobreza. Además, el empleo informal suele ser el único recurso para millones de personas que han sido excluidas del mercado laboral formal, profundizando la vulnerabilidad económica y social de amplios sectores de la población.
2. No mide la pobreza estructural, que va más allá de los ingresos monetarios e incluye factores como el acceso deficiente a servicios básicos (agua potable, saneamiento, energía), condiciones habitacionales precarias, falta de oportunidades educativas, desigualdad en el acceso a la salud y la persistencia de la exclusión social a lo largo del tiempo. Esta forma de pobreza se perpetúa independientemente de las fluctuaciones económicas coyunturales, ya que está arraigada en desigualdades históricas y estructurales difíciles de revertir con simples mejoras en los ingresos temporales.
3. Minimiza el impacto regional, ya que no considera las profundas desigualdades socioeconómicas que existen entre distintas provincias y regiones del país. Mientras que en áreas metropolitanas puede haber una ligera mejora en algunos indicadores debido a una mayor actividad económica, en el interior del país persisten altos niveles de pobreza estructural, falta de infraestructura básica y un acceso limitado a servicios esenciales como salud, educación y transporte. Estas disparidades regionales agravan la crisis en zonas rurales y periféricas, donde la vulnerabilidad es aún más pronunciada y las políticas de ajuste tienen un efecto devastador en la vida cotidiana de sus habitantes.
Un relato construido para legitimar el ajuste
El gobierno utiliza estas cifras para justificar su política económica de ajuste y liberalización extrema. La narrativa oficial busca instalar la idea de que el «sacrificio» tiene resultados positivos, cuando en realidad:
La canasta básica aumentó por encima de la inflación en alimentos y servicios esenciales, reflejando un incremento interanual del 250% en productos de primera necesidad, según datos del INDEC de enero de 2024. Este aumento desproporcionado se concentra en rubros clave como lácteos, carnes, frutas y verduras, cuyos precios superaron ampliamente la media inflacionaria. Además, los servicios básicos como luz, gas y transporte registraron subas que duplican el índice general de precios, afectando de manera directa el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables. Esta situación profundiza la brecha entre los ingresos y el costo de vida, dejando a millones de familias por debajo de la línea de pobreza, incluso aquellas con empleo formal.
Los salarios reales cayeron de manera significativa debido a la alta inflación y la falta de actualización de los sueldos en relación con el aumento del costo de vida. Según datos del INDEC, el poder adquisitivo de los trabajadores registró una disminución del 15% interanual en términos reales, afectando especialmente a los sectores de ingresos medios y bajos. Además, la brecha de ingresos se amplió, ya que mientras las ganancias del sector financiero y exportador crecieron, los salarios de los trabajadores formales e informales quedaron rezagados. Esta desigualdad se refleja en el incremento del coeficiente de Gini, que mide la distribución del ingreso, alcanzando su nivel más alto en la última década. El deterioro salarial y la creciente concentración de la riqueza profundizan la vulnerabilidad económica de amplios sectores de la población, consolidando un escenario de mayor desigualdad social en el país.
Por último, hay que agudizar nuestra atención en los barrios populares donde las organizaciones sociales y los comedores reportan un aumento en la demanda. Un dato duro del día a día que es contradictorio con la supuesta baja de la pobreza.
En definitiva, las cifras pueden manipularse facilmente, pero la realidad no. La pobreza no se mide solo en porcentajes, sino en las vidas concretas de millones de argentinos que enfrentan la precariedad, el hambre y la falta de oportunidades. Las declaraciones de Milei son un intento burdo de imponer un relato que niega la evidencia en las calles.
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