El juicio por la Megacausa Zona V, que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 321 víctimas durante la última dictadura militar, se reanudó con la contundencia de testimonios y pruebas que desnudan el aparato represivo estatal. Mientras tanto, el gobierno de Javier Milei perpetúa el negacionismo, debilitando la lucha por la memoria, la verdad y la justicia.
El lunes pasado, en Bahía Blanca, se reanudó uno de los juicios más significativos para la memoria histórica argentina: la Megacausa Zona V. Este proceso judicial, iniciado en febrero de 2022, expone las entrañas del aparato represivo de la última dictadura militar, liderado por el V Cuerpo del Ejército, que operaba en el sur de la provincia de Buenos Aires y las provincias de Río Negro y Neuquén. Con 34 imputados acusados de crímenes de lesa humanidad contra 321 víctimas, el juicio no sólo busca justicia para los sobrevivientes y sus familias, sino también preservar la memoria de un país que enfrenta nuevos embates negacionistas desde las máximas esferas del poder.
El proceso ha contado con 121 audiencias y la declaración de 189 testigos, cuyos relatos reconstruyen el horror de un entramado criminal planificado y ejecutado desde el Estado. Las inspecciones oculares realizadas en la Unidad Regional V de la Policía Bonaerense y el Batallón de Comunicaciones 181 aportaron pruebas contundentes que confirman la existencia de centros clandestinos de detención y tortura.
Sin embargo, mientras la justicia intenta saldar una deuda histórica, el gobierno de Javier Milei promueve un discurso que relativiza el terrorismo de Estado. El negacionismo no es solo una opinión; es un acto político que busca deslegitimar las conquistas en derechos humanos, banalizar el genocidio y reescribir la historia desde la impunidad. Las omisiones y silencios del actual gobierno ante estos juicios no son casuales: responden a una matriz ideológica que minimiza el impacto del terrorismo de Estado y criminaliza la memoria colectiva.
En octubre pasado, la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca, integrada por el fiscal general Miguel Ángel Palazzani y los auxiliares fiscales Pablo Vicente Fermento y Paula Daniela Molini, solicitó la prisión perpetua para veinte de los imputados y penas de entre 18 y 25 años para los restantes. Las querellas de H.I.J.O.S. Bahía Blanca y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación también han desempeñado un papel crucial en la construcción del caso.
En la última audiencia, los representantes de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires concluyeron su alegato, reforzando la necesidad de condenas ejemplares. Las próximas jornadas están previstas para el 13, 20 y 27 de febrero y el 6, 13, 20 y 27 de marzo. Cada sesión es un acto de resistencia contra el olvido y la indiferencia institucional.
El fallecimiento del imputado Héctor Luis Selaya, exdirector de la Unidad Penitenciaria Nº4 de Bahía Blanca, para quien se había solicitado una pena de 25 años, pone de relieve la urgencia de estos juicios. La biología no puede ser la excusa para la impunidad. Cada día que pasa sin sentencia firme es una victoria para los cómplices del silencio.
Este juicio también interpela a la sociedad. En un contexto donde el gobierno nacional busca desmantelar políticas de memoria y derechos humanos, el compromiso ciudadano es fundamental. No se trata solo de un pasado que duele; es un presente que peligra.
La Megacausa Zona V nos recuerda que la justicia no es un acto aislado del devenir político. Es un reflejo de cómo una sociedad elige enfrentar su historia. En tiempos de negacionismo institucional, defender la memoria es un acto de rebeldía. Y de justicia.
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