En un contexto nacional de ajustes y desmantelamiento del Estado, Santiago del Estero desafía las políticas de Javier Milei con aumentos salariales históricos, bonos y descuentos en servicios. ¿Es este el camino para proteger a los trabajadores o una muestra más de la fractura entre el gobierno nacional y las provincias?
En un país donde el gobierno de Javier Milei ha convertido el ajuste fiscal en una bandera, Santiago del Estero emerge como una anomalía. Mientras el presidente nacional promueve la destrucción del Estado y la precarización laboral, el gobernador Gerardo Zamora anunció un incremento salarial del 100% para los empleados públicos provinciales, junto con bonos extraordinarios y descuentos en servicios. Una medida que no solo contrasta con las políticas nacionales, sino que también pone en evidencia la profunda fractura entre el gobierno central y las provincias.
Zamora, en un mensaje difundido por redes sociales, detalló que el aumento salarial se aplicará a partir de febrero, elevando el piso salarial a $800.000 para docentes con hasta dos cargos. Además, los contratos de servicio tendrán un incremento del 90%, y se creará un Fondo Estival Provincial que otorgará un 40% de descuento en las tarifas eléctricas durante dos meses. Estas medidas, según el mandatario, son «exclusivamente provinciales» y no aplican a los municipios, que deberán ajustarse a sus propios recursos.
Pero lo más llamativo es el bono extraordinario de $220.000 que se abonará el próximo 14 de febrero, excluyendo a funcionarios de alto rango como ministros, secretarios y magistrados judiciales. Este bono, junto con otros tres previstos para mayo, julio y diciembre, busca aliviar el impacto de la inflación y el ajuste nacional en los bolsillos de los trabajadores.
Mientras tanto, el gobierno de Milei insiste en limitar los aumentos salariales del sector público a un mísero 2%, una cifra que, en un contexto inflacionario, equivale a una pérdida real del poder adquisitivo. Esta política no solo ha generado rechazo en las provincias, sino que también ha profundizado la brecha entre el discurso oficial y las necesidades reales de la población.
En San Luis, por ejemplo, el gobernador Claudio Poggi anunció un aumento salarial del 25%, una cifra que fue tildada de «vergonzosa» por los gremios y que contrasta fuertemente con las medidas adoptadas en Santiago del Estero. Mientras Poggi prioriza el ajuste, Zamora apuesta por fortalecer la demanda interna y proteger a los trabajadores.
Pero no todo es color de rosa. Las medidas de Zamora, aunque bienintencionadas, dependen en gran medida de la autonomía financiera de la provincia, algo que no todas las regiones pueden permitirse. Además, la falta de una ley de Presupuesto 2025 a nivel nacional complica aún más las arcas provinciales, limitando la capacidad de otras provincias para seguir el ejemplo santiagueño.
En este escenario, Santiago del Estero se erige como un caso testigo de lo que podría haber sido si el gobierno nacional hubiera optado por un camino diferente. Mientras Milei insiste en desmantelar el Estado y precarizar el empleo, Zamora demuestra que es posible priorizar a los trabajadores sin caer en el populismo irresponsable
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