Milei blinda a las Fuerzas Armadas con aumentos mientras en medio del escándalo por las criptomonedas

En plena tormenta política por la criptoestafa libertaria, el gobierno otorga un generoso aumento salarial al personal militar y a la Policía Naval, asegurando su lealtad mientras el ajuste golpea a trabajadores y jubilados. De esta manera el Ejecutivo de Javier Milei, acorralado por el escándalo de corrupción que sacude a su administración, oficializó un incremento escalonado en los sueldos de las Fuerzas Armadas. Mientras tanto, la inflación devora los salarios del resto de los trabajadores y la desinversión en áreas clave avanza a paso firme.

(Por Nicolás Valdez) En un contexto de profunda crisis política y económica, con una inflación desbocada y protestas que crecen día a día, el gobierno de Javier Milei ha tomado una decisión reveladora: fortalecer los ingresos de las Fuerzas Armadas y la Policía de Establecimientos Navales. Mientras el ajuste feroz desfinancia áreas sensibles como la educación, la salud y la asistencia social, la administración libertaria prioriza la recomposición salarial de la estructura militar, consolidando así su respaldo en un momento de máxima debilidad.

La Resolución 11/2025, publicada en el Boletín Oficial este 18 de febrero, establece una nueva escala de haberes para el personal castrense. Según el documento, el incremento comenzará a regir desde marzo de 2025 y beneficiará a todas las jerarquías de la estructura militar, desde los altos mandos hasta los suboficiales y voluntarios de menor rango. El costo de esta actualización salarial será absorbido por el presupuesto del Ministerio de Defensa, un área que, a diferencia de otras, parece estar exenta del ajuste despiadado impuesto por la administración libertaria.

El anuncio no es casual. El gobierno enfrenta su mayor crisis política desde que asumió, con el escándalo de la criptoestafa libertaria en el centro de la escena. En este contexto, la decisión de garantizar un incremento salarial a las Fuerzas Armadas y a la Policía Naval se interpreta como una estrategia para blindar su respaldo en caso de un agravamiento del descontento social. A diferencia de docentes, médicos y empleados estatales, que ven licuados sus ingresos y sufren despidos masivos, los uniformados son premiados con mejoras salariales que los alinean con la estrategia de consolidación del poder de Milei.

Aumento selectivo: ¿reconocimiento o disciplina?

La justificación oficial para este aumento es la necesidad de “reconocer la capacidad, responsabilidad y dedicación” del personal militar. Sin embargo, la medida no es inocente. En medio de la crisis, Milei apuesta a asegurar la lealtad de los sectores que podrían jugar un rol clave en eventuales escenarios de conflictividad social. Mientras se desfinancian programas esenciales y el poder adquisitivo de la población se pulveriza, el gobierno eleva los haberes de los altos mandos militares a cifras que superan los dos millones de pesos mensuales.

La decisión contrasta con la realidad del resto de los trabajadores del país. En diciembre de 2024, los salarios registrados aumentaron apenas un 2,4%, quedando muy por debajo de la inflación mensual, lo que supuso una pérdida de poder adquisitivo significativa. En este contexto, el gobierno de Milei sigue adelante con su plan de ajuste estructural, que incluye la eliminación de subsidios, el congelamiento de salarios en el sector público y el recorte de transferencias a las provincias.

En este marco, el contraste es innegable: mientras el ajuste cae sobre la educación pública, la ciencia, la salud y las jubilaciones, el gobierno refuerza económicamente a las fuerzas de seguridad. Este esquema, lejos de ser una coincidencia, responde a una lógica clara: garantizar un aparato represivo bien remunerado en previsión de posibles estallidos sociales.

La crisis política y el control militar

El estallido del escándalo de la criptoestafa libertaria ha puesto contra las cuerdas al gobierno de Milei. Las revelaciones sobre las conexiones de su entorno con maniobras financieras turbias han generado un cimbronazo que amenaza con desestabilizar aún más una administración ya frágil. Frente a este panorama, la estrategia oficial parece ser clara: blindarse a través del aparato militar y garantizarse su lealtad.

No es la primera vez que un gobierno en crisis recurre a este tipo de estrategias. A lo largo de la historia argentina, los momentos de mayor convulsión política han estado acompañados por decisiones similares, donde el Ejecutivo, en lugar de responder a las demandas populares, refuerza sus lazos con las fuerzas de seguridad. Este tipo de medidas han demostrado ser temporales: pueden contener el conflicto en el corto plazo, pero no resuelven el malestar social que se profundiza con cada nueva ola de ajuste.

La pregunta inevitable es: ¿cuánto tiempo podrá sostenerse esta estrategia? Con una economía en caída libre, un aumento constante de la pobreza y la falta de soluciones reales para las mayorías, la apuesta de Milei por blindarse con las Fuerzas Armadas podría terminar volviéndose en su contra. A la larga, la realidad social y económica siempre termina imponiéndose, y ni siquiera los incrementos salariales selectivos podrán contener el creciente descontento de un pueblo que ve cómo su calidad de vida se deteriora día a día.

El ajuste es para todos, menos para los militares

El gobierno de Javier Milei ha dejado en claro sus prioridades: mientras desfinancia la educación, la salud y el bienestar de la mayoría de los argentinos, destina recursos para aumentar los sueldos de las Fuerzas Armadas y la Policía Naval. En un contexto de creciente conflictividad social y con un escándalo de corrupción que amenaza con hacer tambalear su administración, la estrategia es evidente: garantizar el respaldo del aparato represivo como seguro ante un eventual estallido popular.

Sin embargo, la historia argentina demuestra que la represión y el control militar nunca han sido una solución sostenible para las crisis económicas y políticas. Mientras Milei ajusta al pueblo y fortalece a los militares, la pregunta sigue en el aire: ¿hasta cuándo podrá sostenerse este modelo sin que la indignación social desborde cualquier intento de control?

Fuentes: