El Gobierno de Milei impulsa la privatización de CRUSA sin garantías para sus trabajadores
Los peajes de Caminos del Río Uruguay (CRUSA) se encuentran en el ojo del huracán. El contrato de concesión vence el 8 de abril y el gobierno de Javier Milei no ha brindado respuestas sobre la continuidad laboral de 500 trabajadores. El Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (SUTPA) se declaró en estado de alerta y movilización, denunciando la falta de voluntad política para ofrecer soluciones viables.
Ajuste y privatización: la receta que pone en jaque a los trabajadores
El gobierno de Javier Milei avanza con su modelo de desregulación extrema, y el sector de los peajes no es la excepción. Con la inminente privatización de Caminos del Río Uruguay (CRUSA), 500 empleados enfrentan un futuro incierto. A solo semanas del vencimiento del contrato, la administración libertaria no ha dado señales de garantizar la continuidad laboral de quienes mantienen operativa esta red vial clave para el comercio y la circulación en el país.
El SUTPA ya encendió las alarmas. Con asambleas permanentes en las estaciones de peaje, el sindicato denuncia la falta de respuestas oficiales y la indiferencia de Vialidad Nacional, el organismo que debería garantizar una transición ordenada y sin despidos. Para los trabajadores, la incertidumbre se traduce en una amenaza concreta de quedarse sin empleo en medio de una crisis económica agravada por las políticas de ajuste del gobierno.
La estrategia oficialista parece clara: abrir el sector a la competencia privada sin importar las consecuencias sociales. La receta no es nueva, pero el contexto actual la hace aún más peligrosa. La recesión, la inflación y la caída del consumo golpean con dureza, y en este escenario, dejar en la calle a 500 familias representa un golpe devastador para el tejido social y económico de las regiones afectadas.
El fantasma de la corrupción: privatización sin control
La privatización de CRUSA no solo pone en peligro los empleos, sino que reaviva el fantasma de la corrupción en la gestión de la obra pública. El SUTPA advierte que la entrega de este corredor vial a manos privadas podría beneficiar a los mismos grupos empresariales que en el pasado protagonizaron escándalos de desidia y abandono de la infraestructura vial.
Desde el gremio proponen soluciones viables que el gobierno se niega a considerar. Entre ellas, la prórroga del contrato de concesión hasta que se defina un nuevo adjudicatario o la incorporación de los trabajadores a Corredores Viales durante el proceso licitatorio. Sin embargo, la falta de voluntad política hace que estas alternativas sean desechadas sin justificación.
El caso de CRUSA es una muestra más de la política de desguace que impulsa el gobierno de Milei. En lugar de fortalecer la infraestructura vial con inversión y planificación, apuesta por la entrega indiscriminada a privados sin controles ni garantías para los trabajadores. Lo que está en juego no es solo la estabilidad laboral de 500 personas, sino el futuro de un sector estratégico para el país.
Resistencia sindical y el desafío de frenar el desguace
Ante la pasividad del gobierno, el SUTPA ha decidido no quedarse de brazos cruzados. La organización sindical lidera las asambleas en los peajes, organizando protestas y presionando para que las autoridades brinden respuestas concretas. La resistencia obrera se convierte así en el último bastión frente a una política de ajuste que busca arrasar con derechos laborales conquistados durante años.
El caso de CRUSA no es un hecho aislado. Se inscribe en una estrategia más amplia del gobierno de Milei para desmantelar el Estado y precarizar el empleo. La eliminación de organismos como Vialidad Nacional, el avance de la reforma laboral encubierta y la entrega de servicios públicos a manos privadas son parte de un plan sistemático que prioriza la rentabilidad empresaria sobre el bienestar de la población.
Con la cuenta regresiva en marcha, el desenlace de este conflicto marcará un precedente para el futuro de los trabajadores en Argentina. Si el gobierno logra avanzar sin resistencia, otros sectores seguirán el mismo camino de ajuste y privatización. Por eso, la lucha del SUTPA no es solo por 500 puestos de trabajo, sino por la defensa de un modelo de país que no condene a su gente al desempleo y la miseria.
El reloj avanza, y la pregunta es clara: ¿Permitirá la sociedad que Milei siga destruyendo derechos en nombre de su falsa libertad de mercado?
Fuente:
- https://www.infogremiales.com.ar/alarma-por-despidos-masivos-entre-los-trabajadores-del-peaje-a-causa-de-la-privatizacion-de-caminos-del-rio-uruguay-crusa/
Deja una respuesta