La eliminación de subsidios y la reclasificación arbitraria de millones de usuarios dispara el costo de vida. Un informe revela que los hogares del AMBA destinan más de $140.000 por mes a servicios públicos y transporte. El Estado, mientras tanto, se retira.
La motosierra del ajuste tiene un nuevo capítulo: los hogares argentinos, particularmente del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ya están pagando el 60% del costo real de los servicios públicos, cuando hace apenas un mes cubrían el 54%. El salto, lejos de deberse a una mejora en los ingresos, responde a una poda brutal de subsidios y a la reclasificación forzada de millones de usuarios como si la pobreza se solucionara con un clic administrativo.
Según el último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET), más de 2,1 millones de hogares dejaron de ser considerados de bajos ingresos (N2) y pasaron a ser ubicados en las categorías N1 (altos ingresos) o N3 (medios), lo que redujo drásticamente el gasto público pero aumentó la presión sobre las familias.
Una familia promedio del AMBA necesita $142.548 para cubrir los servicios básicos de luz, gas, agua y transporte, un monto que representa el 43% de la canasta de servicios y que supera incluso el combinado de gas y electricidad. El ajuste no solo impacta en el bolsillo: también manipula la estadística para “mejorar” artificialmente los indicadores fiscales, a costa de los sectores más vulnerables.
En abril, los aumentos tarifarios fueron generalizados, aunque disimulados bajo la estacionalidad. La electricidad subió 3,5% en el cargo fijo y 1,4% en el variable; el gas, 2,5% y 0,6%; y el transporte público en el AMBA, 2,6% promedio. A esto se suma un sistema de actualización automática del boleto de colectivo y subte, que sube mensualmente al ritmo de la inflación más un plus del 2%. Un mecanismo tan perverso como regresivo.
Mientras tanto, el salario RIPTE apenas roza una suba insuficiente frente a esta inflación encubierta. Según el informe, el peso de los servicios energéticos sobre los ingresos representa un 4,7% para los usuarios N1, 3,5% para los N3 y un 7% para los N2, quienes paradójicamente reciben menos ayuda estatal.
La paradoja se vuelve tragedia cuando se observa la caída del gasto en subsidios: un 69% menos interanual. En el caso de CAMMESA, la reducción fue del 71%; en ENARSA, del 97%. Detrás de este recorte brutal no hay eficiencia ni racionalidad económica: hay una estrategia deliberada de transferencia de costos del Estado al usuario, impulsada por un dogmatismo liberal que desprecia el bienestar social.
Y mientras el AMBA intenta adaptarse a la nueva ecuación de supervivencia, el resto del país sufre aún más. En ciudades como Córdoba, Rosario o Bariloche, las tarifas superan los $1.000 por pasaje sin el Fondo de Compensación eliminado en 2024, un gesto más del Gobierno para castigar a las provincias no alineadas o simplemente ignoradas.
La discusión pública sobre tarifas ya no puede limitarse al plano económico. Lo que se juega acá es un modelo de país: uno en el que el Estado se borra y el mercado impone su lógica de exclusión, donde los derechos se transforman en mercancía y donde la pobreza es tratada como un problema estadístico a corregir con una planilla Excel.
El “milagro” fiscal de Milei tiene un costo humano. Y lo están pagando los mismos de siempre.
Fuente:
- https://www.ambito.com/economia/tarifas-los-usuarios-ya-pasaron-pagar-el-60-del-costo-los-servicios-publicos-n6137510
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