La Fiscalía Federal N°1 de San Isidro solicitó la elevación a juicio de Pablo Adrián Giorgetti, acusado de comercializar libros de ideología nazi a través de una plataforma de comercio electrónico y redes sociales. El caso pone en evidencia la persistencia de discursos de odio y la falta de controles efectivos para frenar su difusión.
La difusión de ideologías supremacistas y discursos de odio no es un fenómeno del pasado ni un problema ajeno a la sociedad argentina. La reciente imputación contra el editor y librero Pablo Adrián Giorgetti, acusado de comercializar publicaciones de contenido nazi a través de Internet, pone en evidencia el resurgimiento de narrativas discriminatorias en espacios digitales y la insuficiente regulación que permite su expansión. La denuncia, impulsada por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y seguida por la Fiscalía Federal N°1 de San Isidro, derivó en una investigación que permitió detectar y desmantelar un negocio basado en la promoción del antisemitismo.
El caso, además de exponer la persistencia de grupos que reivindican ideologías de odio, deja en evidencia las fallas estructurales del Estado en la prevención y sanción de estas prácticas. Mientras el gobierno de Javier Milei prioriza una agenda de ajuste económico y reducción del aparato estatal, la proliferación de este tipo de discursos sigue en aumento, sin que existan políticas públicas efectivas para su erradicación.
Un negocio basado en la propaganda del odio
El caso Giorgetti comenzó con la denuncia de la DAIA ante la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina, que detectó la venta de publicaciones con simbología nazi a través del sitio web “Librería Argentina”, una plataforma de comercio electrónico y diversos perfiles en redes sociales. Según la denuncia, en estos espacios se ofrecían libros que, bajo la apariencia de material histórico, promovían discursos de odio contra la comunidad judía y el sionismo.
El sitio web del acusado intentaba disfrazar su contenido bajo una retórica de “defensa de la historia alternativa” y “difusión de libros marginados”, estrategia común entre grupos que buscan evitar sanciones directas. Sin embargo, la investigación reveló que se trataba de una operación sistemática que incluía la impresión y distribución de cientos de ejemplares con propaganda nazi, violando la Ley 23.592 de Medidas contra Actos Discriminatorios.
En los allanamientos realizados en sus domicilios en Beccar y Martínez, se secuestraron 222 libros con simbología nazi, una impresora, una notebook y 140 tapas de libros con contenido similar. Además, la fiscalía determinó que Giorgetti utilizaba identidades falsas y seudónimos para evitar ser identificado, lo que refuerza la hipótesis de que actuaba con plena conciencia de la ilegalidad de su negocio.
La normalización del discurso de odio en la Argentina de Milei
El proceso judicial contra Giorgetti no es un hecho aislado, sino parte de un fenómeno más amplio que ha encontrado un terreno fértil en la Argentina contemporánea. En un contexto de crisis social y económica, los discursos de odio se multiplican y se vuelven cada vez más aceptables en ciertos sectores. No es casual que este tipo de delitos ocurran en un país cuyo gobierno actual ha relativizado la memoria histórica y ha minimizado la importancia de las políticas de derechos humanos.
Desde su asunción, Javier Milei ha promovido una narrativa que desacredita la lucha por la memoria, verdad y justicia, atacando organismos de derechos humanos y cuestionando el número de desaparecidos durante la última dictadura militar. En este clima de relativización de los crímenes de lesa humanidad, figuras y movimientos que antes operaban en la clandestinidad encuentran espacios para amplificar su discurso.
El propio Milei ha expresado en múltiples ocasiones su desprecio por el Estado como regulador de las expresiones públicas, promoviendo una idea de “libertad de expresión” absoluta que, en la práctica, se traduce en la permisividad para la difusión de discursos violentos y discriminatorios. La falta de políticas activas contra el antisemitismo y otras formas de odio genera un vacío que es aprovechado por quienes buscan propagar ideologías extremistas.
Internet, un campo de batalla sin control
El caso también expone la fragilidad de los controles en plataformas digitales. La investigación determinó que Giorgetti operaba a través de Mercado Libre y redes sociales como Facebook e Instagram, que bloquearon sus cuentas solo después de reiteradas denuncias y sanciones. Sin una regulación efectiva, estos espacios continúan siendo utilizados para la difusión de contenido discriminatorio.
Las grandes corporaciones tecnológicas han demostrado ser ineficientes en la moderación de este tipo de material. Mientras sus algoritmos penalizan publicaciones inofensivas con rapidez, los discursos de odio logran permanecer en línea durante largos períodos. La falta de una legislación específica en Argentina que obligue a las plataformas a responder con mayor rapidez y contundencia ante estas situaciones deja abierta la posibilidad de que casos similares sigan proliferando.
La urgencia de una respuesta estatal
Más allá del proceso judicial en curso, la pregunta central es: ¿qué está haciendo el Estado para frenar la expansión de estas ideas en Argentina? En un contexto donde los organismos de control son desfinanciados y el gobierno de Milei promueve un discurso anti-regulación, la respuesta parece ser: muy poco.
El avance de ideologías extremistas no es un problema exclusivo de la justicia penal, sino que requiere una estrategia integral. Es necesario fortalecer los mecanismos de monitoreo y sanción en el ámbito digital, pero también promover una educación que permita desactivar estas narrativas antes de que se conviertan en un problema de mayor escala.
El crecimiento de discursos de odio en un país con una historia marcada por el terrorismo de Estado no es un hecho menor. La banalización de estas ideas y la pasividad de las autoridades ante su propagación podrían generar consecuencias imprevisibles. El caso Giorgetti es una advertencia de lo que sucede cuando el Estado se desentiende de su responsabilidad de garantizar una convivencia democrática libre de discursos de odio.
La falta de medidas concretas deja en claro que, bajo el actual gobierno, la lucha contra la discriminación y el extremismo no es una prioridad. Y mientras el Estado mira hacia otro lado, el odio sigue encontrando canales para multiplicarse.
Fuente:
- https://www.fiscales.gob.ar/fiscalias/san-isidro-pidieron-que-vaya-a-juicio-un-editor-y-librero-acusado-de-imprimir-y-vender-publicaciones-de-ideologia-nazi-a-traves-de-internet/
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