Mientras el gobierno de Javier Milei profundiza sus políticas de ajuste, la UOCRA toma las calles y los yacimientos de Vaca Muerta para reclamar por la reactivación de la obra pública y el respeto a los derechos laborales.
En un contexto de creciente tensión social, la UOCRA movilizó a miles de trabajadores en Neuquén y Cipolletti, mientras que en Vaca Muerta los incidentes entre manifestantes y fuerzas de seguridad evidencian el descontento con las medidas económicas del gobierno nacional.
La Argentina de Javier Milei parece estar al borde de un estallido social. Este jueves, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) llevó adelante una masiva movilización en los puentes que unen Neuquén y Cipolletti, mientras que en el yacimiento Sierra Barrosa, en Vaca Muerta, los incidentes entre trabajadores y fuerzas de seguridad dejaron en evidencia la profunda tensión que atraviesa al país.
La marcha en Neuquén y Cipolletti, que reunió a miles de trabajadores, tuvo como principal reclamo la reactivación de la obra pública, uno de los sectores más golpeados por las políticas de ajuste del gobierno nacional. Juan Garrido, secretario general de la UOCRA en Río Negro, fue claro al señalar que el sector de la construcción es el más afectado por la gestión libertaria. «El pensamiento del presidente es totalmente adverso a lo que nosotros necesitamos, que es trabajo», afirmó Garrido en declaraciones a la prensa.
Pero no solo se trata de la falta de obra pública. Los trabajadores también denuncian los avances sobre sus derechos laborales y la precarización de las condiciones de trabajo. En un contexto de inflación galopante y desempleo creciente, los reclamos de la UOCRA resuenan como un grito desesperado de quienes ven cómo sus medios de subsistencia se desvanecen bajo las políticas económicas de Milei.
Mientras tanto, en Vaca Muerta, el corazón energético del país, la situación no fue menos crítica. En el yacimiento Sierra Barrosa, perteneciente a la empresa AESA, los trabajadores de la UOCRA llevaron adelante un corte para reclamar la incorporación de mano de obra local. Según Víctor Carcar, secretario general del gremio, la empresa incumple con el acuerdo que establece que el 80% de los trabajadores deben ser de la zona de Cutral Co y Plaza Huincul. «De más de 300 obreros, solo el 25% es local», denunció Carcar.
El corte en Sierra Barrosa derivó en violentos incidentes entre grupos de trabajadores, con ataques con piedras y daños a vehículos. La situación escaló al punto de que las fuerzas de seguridad debieron intervenir para restablecer el orden. Aunque el corte fue levantado horas después, la tensión en la región sigue latente.
En Neuquén y Cipolletti, la movilización de la UOCRA también estuvo marcada por la presencia de un imponente operativo de seguridad. Gendarmería, Prefectura y Policía Federal desplegaron un gran número de efectivos bajo el «protocolo antipiquetes» de la ministra Patricia Bullrich. A pesar de ello, los trabajadores lograron llevar adelante su protesta, aunque con restricciones y bajo la atenta mirada de las fuerzas de seguridad.
La marcha, que partió desde la sede sindical en Cipolletti, avanzó por las calles de la ciudad hasta concentrarse en los puentes carreteros que unen Neuquén y Cipolletti. Aunque no se produjo un corte total de la Ruta 22, la movilización generó demoras y complicaciones en el tránsito.
Lo ocurrido este jueves en Neuquén y Vaca Muerta no es un hecho aislado. Es la expresión de un malestar que crece día a día en todo el país. Las políticas de ajuste del gobierno de Milei, que prometió «poner la casa en orden», están dejando a miles de trabajadores en la calle y precarizando las condiciones laborales de quienes aún conservan su empleo.
Pero más allá de los reclamos puntuales, lo que está en juego es el modelo de país que se quiere construir. Mientras el gobierno insiste en recortar gastos y reducir el tamaño del Estado, los trabajadores exigen políticas que reactiven la economía y garanticen sus derechos.
La UOCRA, con su movilización, ha puesto en evidencia que el descontento social no puede ser ignorado. Y aunque el gobierno insista en aplicar su «protocolo antipiquetes», lo cierto es que no hay protocolo que pueda contener la bronca de un pueblo que ve cómo sus sueños se desvanecen bajo el peso de las políticas neoliberales.
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