Bajo el disfraz de la modernización, el gobierno de Javier Milei ejecuta un brutal recorte en el INTA, poniendo en riesgo su estructura, su personal y su prestigio internacional.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), una de las instituciones clave en el desarrollo tecnológico y productivo del país, está siendo objeto de un vaciamiento sistemático. Así lo denunció el vicepresidente del Consejo del Centro Regional Patagonia Norte, Carlos Enrique Alemany, en una carta donde presenta su renuncia y señala con contundencia el proceso de desmantelamiento que lleva adelante el gobierno de Javier Milei.
La misiva de Alemany es un testimonio descarnado del atropello institucional que está sufriendo el organismo, con medidas abiertamente ilegales que violan la Ley del INTA (20.340/73) y que buscan eliminar su autonomía y capacidad operativa. El gobierno libertario, bajo la consigna de una supuesta «modernización», avanza con un plan que, en la práctica, implica el despido de personal altamente calificado, el cierre de Agencias de Extensión y la reducción drástica del presupuesto. Todo en línea con la lógica de ajuste extremo que impone el Ministerio de Economía, sin medir las devastadoras consecuencias para el sector agropecuario y el desarrollo científico del país.
Un golpe directo a la institucionalidad del INTA
El detonante de la renuncia de Alemany fue la decisión del Consejo Directivo de crear la Secretaría de Coordinación de Gestión, una estructura que concentrará la administración, los recursos humanos y la comunicación del INTA, bajo la órbita del propio Consejo y sin respetar los mecanismos legales de designación de autoridades. Este movimiento, que a simple vista podría parecer una simple reestructuración, es en realidad un golpe letal a la institucionalidad del organismo.
La Ley del INTA establece que estas funciones corresponden al Director Nacional, quien debe ser designado por concurso público, garantizando así un mínimo de transparencia y profesionalismo en la conducción del instituto. Sin embargo, la nueva secretaría, cuyo titular será elegido discrecionalmente por el Consejo Directivo, pone en evidencia la intención de imponer un manejo verticalista y arbitrario, eliminando cualquier control democrático sobre el funcionamiento del organismo.
Alemany no ahorra críticas al calificar esta maniobra como ilegal y denunciable penalmente, y advierte que su objetivo final es el desfinanciamiento progresivo del INTA, dejándolo sin capacidad de acción. La imposición de esta estructura paralela abre la puerta a la manipulación política y al sometimiento del organismo a los designios del gobierno de turno, ignorando por completo la participación de los sectores productivos, científicos y académicos que históricamente han sido parte del INTA.
La farsa de la modernización: desguace y ajuste encubierto
El gobierno de Milei ha sostenido con insistencia un discurso de «modernización del Estado», una consigna vacía que en los hechos significa desguace y destrucción de instituciones clave. En el caso del INTA, este relato encubre un ajuste brutal que apunta a desmantelar una de las herramientas más importantes del sector agropecuario argentino.
Alemany lo deja claro en su carta: la reforma impuesta por el Consejo Directivo no es más que el primer paso para una serie de medidas que incluirán el despido de profesionales altamente capacitados, la reducción de la infraestructura del organismo y el cierre de agencias de extensión. El objetivo, como en otros sectores del Estado, es ir desmantelando el INTA hasta dejarlo en una situación de inanición presupuestaria, facilitando su entrega al sector privado.
El INTA no es una institución burocrática ineficiente, sino un organismo de referencia internacional en investigación y desarrollo agropecuario. Su modelo de trabajo se basa en la articulación con productores, universidades, gobiernos provinciales y el sector científico, lo que ha permitido avances tecnológicos clave en la producción agropecuaria del país. Su destrucción no solo afectará a los trabajadores del organismo, sino a todo el entramado productivo que depende de sus investigaciones y desarrollos.
El silencio cómplice y la necesidad de resistencia
El plan de desguace del INTA no es un hecho aislado, sino parte de una política sistemática del gobierno de Milei para desmontar organismos de ciencia y tecnología, bajo la lógica de que el conocimiento debe estar sometido a las reglas del mercado. Esta visión mercantilista del Estado ha llevado a una ofensiva contra instituciones fundamentales como el CONICET, las universidades públicas y ahora el INTA, en un intento por eliminar cualquier espacio de producción de conocimiento que no esté alineado con los intereses de los grandes grupos económicos.
Frente a esta ofensiva, el silencio de muchas entidades agropecuarias resulta ensordecedor. Históricamente, el INTA ha trabajado codo a codo con los productores, brindando asistencia técnica, desarrollos tecnológicos y mejoras en la productividad. Sin embargo, la complicidad de algunos sectores con el ajuste de Milei ha permitido que este atropello avance sin mayores resistencias.
Alemany, en su carta de renuncia, rompe ese silencio y denuncia con claridad lo que está en juego. No se trata solo de un ajuste presupuestario, sino de un ataque directo a la soberanía científica y productiva del país. Permitir el vaciamiento del INTA es condenar a la Argentina a perder una de sus principales herramientas de desarrollo agropecuario y entregarla a la dependencia tecnológica de las multinacionales.
Un llamado a la acción
La renuncia de Alemany no puede quedar en un gesto simbólico. Es necesario que el sector agropecuario, la comunidad científica y la sociedad en su conjunto se movilicen para frenar este atropello. No es la primera vez que el INTA enfrenta intentos de desmantelamiento, pero en esta ocasión el riesgo es mayor que nunca, porque se enmarca en un proyecto de país que desprecia el conocimiento y la soberanía productiva.
El vaciamiento del INTA no es un problema de unos pocos empleados estatales: es una amenaza concreta para el desarrollo tecnológico, la seguridad alimentaria y la competitividad del agro argentino. Si el gobierno de Milei logra imponer su plan de desguace, el daño será irreparable. La única respuesta posible es la organización y la resistencia para defender una institución que ha sido, y debe seguir siendo, un pilar del desarrollo nacional.
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