El Gobierno de Javier Milei vuelve a tropezar con la misma piedra: la falta de consenso político. Esta vez, el fracaso fue en el intento de aprobar el pliego del juez federal Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Un revés que no solo deja al descubierto la incapacidad del oficialismo para negociar con la oposición, sino que también evidencia la improvisación y la falta de estrategia en la gestión de un tema tan sensible como la conformación del máximo tribunal del país.
La reunión de labor parlamentaria en el Senado, previa a la sesión en la que se votará la suspensión de las PASO, confirmó lo que ya se venía anticipando: sin el apoyo del peronismo y los bloques dialoguistas, el oficialismo no tenía garantías ni siquiera de conseguir quórum. Menos aún de alcanzar los dos tercios de los votos necesarios para aprobar la designación de Lijo. Así, el Gobierno se quedó sin piso y sin tiempo, ya que el período de sesiones extraordinarias está por finalizar.
Pero más allá de los números, lo que queda en evidencia es la falta de habilidad política de un Gobierno que, una vez más, intentó imponer su agenda sin construir los puentes necesarios. Desde la Casa Rosada, se había llegado a un principio de acuerdo con algunos sectores dialoguistas para convocar a una segunda sesión este viernes y tratar el pliego de Lijo. Sin embargo, la oposición rápidamente desarticuló esa posibilidad, argumentando que el oficialismo buscaba desviar el foco del escándalo del criptogate, que había puesto en jaque la credibilidad del presidente Milei.
La figura de Lijo, un juez federal con una trayectoria cuestionada por algunos sectores, terminó siendo el escudo perfecto para que la oposición cerrara filas. Desde el peronismo hasta los bloques dialoguistas, todos coincidieron en que no darían quórum para tratar su pliego. Y aquí hay un dato no menor: la vicepresidenta Victoria Villarruel, titular del Senado, no estuvo presente en la reunión clave porque se encontraba a cargo del Ejecutivo debido al viaje de Milei a Estados Unidos. Su ausencia no hizo más que profundizar la sensación de descoordinación y desorden en el oficialismo.
Pero el problema no termina ahí. La designación de Lijo no es solo un tema de números en el Senado; es también un tema de género. Cristina Kirchner, líder indiscutida del peronismo, ha sido clara en su reclamo: la Corte necesita una mujer. Y mientras ese reclamo no sea atendido, el peronismo no moverá un ápice su posición. Así, Lijo se convierte en una víctima más de una pulseada política que trasciende su figura y que tiene como telón de fondo la lucha por el poder en la Argentina.
Ante este panorama, el Gobierno comenzó a explorar alternativas. Una de ellas es la designación por decreto, una opción que Lijo rechaza de plano. El otro candidato propuesto por el oficialismo, el jurista Manuel García-Mansilla, ni siquiera logró dictamen de comisión, lo que lo deja fuera de carrera. Así, la Casa Rosada se encuentra en un callejón sin salida, con una Corte que funciona con apenas tres miembros (Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz) y dos vacantes que no parecen tener solución a corto plazo.
El fracaso del pliego de Lijo no es un hecho aislado. Es, en realidad, la punta del iceberg de una gestión que no logra articular su agenda política. La semana negra del Gobierno, marcada por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, terminó de socavar la credibilidad de un líder que llegó al poder prometiendo un cambio radical, pero que hoy parece navegar sin rumbo.
En este contexto, la designación por decreto aparece como un «plan B» desesperado, pero nadie cree que sea una solución viable. José Mayans, jefe del bloque de Unión por la Patria, ya advirtió que la oposición juntará las mayorías necesarias para voltear cualquier decreto que intente imponer el Gobierno. Y aunque desde el oficialismo insisten en que eso no afectaría la designación del ministro de la Corte, lo cierto es que abriría un proceso de judicialización que podría terminar afectando los fallos del máximo tribunal.
El fracaso del Gobierno en su intento por aprobar el pliego de Ariel Lijo no es solo un revés político; es un síntoma de una gestión que no logra construir consensos ni articular una estrategia clara. Mientras tanto, la Corte Suprema sigue funcionando a media máquina, en un país que necesita, más que nunca, instituciones sólidas y creíbles.
En definitiva, lo que queda claro es que, en política, no basta con tener la razón; hay que saber negociar. Y en eso, el Gobierno de Milei sigue reprobando.
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