La medida de Javier Milei para reducir temporalmente las retenciones al agro no ha logrado reactivar la liquidación de divisas como se esperaba. Mientras el gobierno insiste en su estrategia fiscal, el campo exige la eliminación total de los gravámenes, poniendo en evidencia las tensiones y las promesas incumplidas de la gestión libertaria.
La baja temporal de retenciones a las exportaciones agropecuarias, anunciada con bombos y platillos por el gobierno de Javier Milei, parece haber quedado en un gesto más simbólico que efectivo. A una semana de su implementación, el circuito de venta de granos y la liquidación de divisas no han retomado el ritmo esperado, dejando al descubierto las limitaciones de una medida que, lejos de solucionar los problemas estructurales del sector, ha generado más dudas que certezas.
El jueves pasado, el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al portavoz presidencial Manuel Adorni, anunció una reducción temporal de las retenciones al agro hasta junio, con la promesa de que esta medida impulsaría la liquidación de divisas y mejoraría los precios locales para los productores. Sin embargo, la realidad dista mucho de lo prometido. Según fuentes del mercado, las exportadoras aún no han encontrado la forma de adelantar la liquidación de divisas, condición indispensable para acceder a los beneficios de la baja impositiva. Esto ha generado un escenario de incertidumbre, donde los actores del sector se preguntan cómo cumplir con los plazos exigidos por el gobierno.
En este contexto, el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Juan Pazo, y el secretario coordinador de Producción, Pablo Lavigne, se reunieron con representantes de la Mesa de Enlace agropecuaria para tratar de despejar dudas y asegurar que la medida llegue a los productores. Según las autoridades, la baja de retenciones fue diseñada para beneficiar a la mayoría de los productores, con un plazo amplio y precios más competitivos. Sin embargo, las organizaciones rurales no parecen del todo convencidas. «Hasta el momento, hemos observado un mercado más ágil, pero esperamos que el alivio fiscal llegue al bolsillo de los productores», señaló Eloisa Frederking, vicepresidenta de la Sociedad Rural Argentina (SRA).
Pero más allá de las reuniones y los discursos optimistas, lo cierto es que la medida ha dejado al descubierto las tensiones entre el gobierno y el campo. Nicolás Pino, titular de la SRA, no tardó en salir a presionar a la administración de Milei, exigiendo la eliminación total de las retenciones. «No deben existir», afirmó Pino durante un evento en Neuquén, recordando que esta fue una de las promesas de campaña de La Libertad Avanza (LLA). El dirigente rural no es el único en reclamar. Lucas Magnano, presidente de Coninagro, también se sumó al coro de voces que piden una quita definitiva de los gravámenes, señalando que es «momento ya» de avanzar en esa dirección.
La presión del campo no es gratuita. Las retenciones han sido históricamente un tema sensible para el sector agropecuario, que las considera un impuesto distorsivo que afecta su competitividad. Aunque el gobierno insiste en que la baja temporal es un primer paso hacia la eliminación total, lo cierto es que las condiciones impuestas por el Ministerio de Economía han generado desconfianza. En un principio, Caputo vinculó la eliminación de las retenciones a la baja de la inflación y al logro del superávit fiscal. Sin embargo, a pesar de haber cumplido con estos objetivos, las retenciones no fueron eliminadas, lo que ha llevado a muchos a cuestionar la voluntad política del gobierno.
Pero las dudas no se limitan a la eliminación de las retenciones. La propia implementación de la medida ha generado interrogantes. Según el gobierno, los exportadores deben liquidar el 95% de las divisas obtenidas en un plazo de 15 días hábiles para acceder a las alícuotas reducidas. Esto ha llevado a las empresas a buscar alternativas financieras, como solicitar anticipos de pago o tomar créditos en dólares, lo que implica costos adicionales y un aumento del endeudamiento. Además, la baja de retenciones beneficia principalmente a los productores, pero no a los exportadores, quienes solo ven una ventaja en términos de market share.
Mientras tanto, el Banco Central continúa vendiendo dólares en el mercado, lo que ha retrasado el impacto favorable de la medida en las reservas. Según estimaciones de Portfolio Personal Inversiones (PPI), el ritmo de compras de la autoridad monetaria se ha triplicado, pero esto no se debe a un aumento en la liquidación del agro, que, por el contrario, ha mermado en los últimos días. Esto ha llevado a muchos a cuestionar la efectividad de la medida y a preguntarse si no se trata de otra promesa incumplida del gobierno de Milei.
En este escenario, las palabras de Nicolás Pino resuenan con fuerza: «Las retenciones no deben existir». Pero más allá de los reclamos, lo cierto es que el campo sigue esperando. Espera que el gobierno cumpla con sus promesas, espera que las medidas sean efectivas y, sobre todo, espera que la relación con el Ejecutivo no se limite a gestos simbólicos y reuniones técnicas. Mientras tanto, la baja temporal de retenciones parece ser solo un parche en una herida que sigue abierta.
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