El ministro de Justicia se lanza contra una jueza por liberar detenidos en la represión del Congreso
En un nuevo capítulo de atropello institucional, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, arremetió contra la jueza Karina Andrade por liberar a manifestantes detenidos durante la brutal represión del Congreso. La reacción del funcionario confirma la intención del Gobierno de Javier Milei de someter al Poder Judicial a su arbitraria voluntad.
El gobierno libertario ha dejado en claro que su versión de la «libertad» se reduce a la represión y el control absoluto sobre los otros poderes del Estado. La última demostración de esta lógica autoritaria llegó con los dichos del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien, lejos de defender la independencia del Poder Judicial, se convirtió en un inquisidor político contra la jueza Karina Andrade. Su delito: haber otorgado la libertad a manifestantes que fueron salvajemente reprimidos por las fuerzas de seguridad en las protestas contra la Ley Ómnibus.
El episodio revela una matriz preocupante. No solo por el intento explícito de disciplinar a la Justicia, sino por la impunidad con la que el oficialismo busca imponer su relato. Mientras Cúneo Libarona clama por una justicia subordinada, las fuerzas de seguridad actúan con un nivel de violencia desmedida, deteniendo a niños y reprimiendo sin miramientos. Sin embargo, el ministro prefiere criminalizar la protesta antes que cuestionar el abuso policial.
El discurso de la represión: barras bravas, criminales y el relato oficial
En un mensaje publicado en redes sociales, Cúneo Libarona lanzó una dura acusación contra los manifestantes detenidos, calificándolos de «barras bravas» y «criminales organizados». Según su versión, la represión desatada en las inmediaciones del Congreso no fue contra ciudadanos ejerciendo su derecho a la protesta, sino contra «delincuentes cometiendo delitos a la vista de toda la sociedad».
El problema con esta afirmación es que está construida sobre una falacia. Las imágenes y testimonios de la jornada muestran cómo las fuerzas de seguridad actuaron con una violencia indiscriminada, sin hacer distinciones entre manifestantes pacíficos y quienes pudieran estar generando disturbios. La detención arbitraria de personas, el uso desmedido de la fuerza y la represión sobre menores de edad fueron la verdadera cara del operativo.
Sin embargo, en la versión oficial, el problema no es la brutalidad estatal, sino la decisión de la jueza Andrade de liberar a los detenidos en menos de ocho horas. Para Cúneo Libarona, esto es motivo suficiente para que la magistrada sea investigada por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires por «posible incumplimiento de sus funciones». Es decir, un ministro de Justicia llamando a disciplinar a una jueza por aplicar la ley.
El intento de control sobre el Poder Judicial
La reacción del ministro encierra una amenaza peligrosa. El Poder Ejecutivo, a través de su titular de Justicia, busca condicionar las decisiones judiciales bajo un mecanismo de presión pública. El mensaje es claro: si un juez o jueza no se alinea con el discurso oficial, será perseguido, escrachado y eventualmente removido.
El antecedente es preocupante. Durante la gestión de Mauricio Macri, el macrismo utilizó el Consejo de la Magistratura para impulsar la remoción de jueces que investigaban casos de corrupción ligados al oficialismo, como ocurrió con el juez Alejo Ramos Padilla. Ahora, el gobierno de Milei parece seguir la misma receta, pero con un grado de violencia institucional aún mayor.
El caso de la jueza Andrade es solo el comienzo. Si el Gobierno logra instalar el precedente de que puede intervenir en el Poder Judicial a su antojo, cualquier magistrado que ose contrariar sus intereses será blanco de represalias. En una democracia, los jueces no están para obedecer al Ejecutivo, sino para garantizar el respeto por la Constitución. Pero para el libertarismo en el poder, la justicia solo es válida cuando actúa en sintonía con sus intereses.
La respuesta de Malena Galmarini: «Dejen de hambrear a la gente»
Ante el ataque de Cúneo Libarona, la dirigente política Malena Galmarini salió al cruce con una respuesta contundente. A través de la red social X, le recordó al ministro que él mismo «no es un simple abogado de la matrícula» y le preguntó directamente: «¿Amenaza a una jueza?».
Galmarini también puso el foco en la brutal represión del Congreso y expuso el doble estándar del Gobierno: «A esos que reprimieron sin piedad, o que maniataron y detuvieron a dos niños sin ninguna razón, ¿los investiga o los protege?». La pregunta desarma la hipocresía oficialista: mientras persiguen jueces que no les son funcionales, protegen el accionar violento de las fuerzas de seguridad.
Pero el punto más demoledor llegó al final: «No busquen convencer con mentiras, solo provocarán más enojo. El país necesita tranquilidad para salir del pozo al que ustedes nos tiraron. Se resuelve fácil: suban las jubilaciones y dejen de hambrear a la gente».
Las palabras de Galmarini sintetizan la estrategia del Gobierno: mientras avanzan en la destrucción del Estado y empobrecen a la población, intentan desviar la atención con cruzadas autoritarias contra jueces, dirigentes opositores y cualquier voz disidente. La crisis social que han generado no se resuelve con persecución judicial, sino con medidas económicas que devuelvan el poder adquisitivo y la dignidad a la gente.
Milei, Cúneo Libarona y el avance del autoritarismo judicial
Lo que está en juego en este conflicto no es solo el destino de una jueza. Es el intento de un Gobierno de establecer un régimen donde el único poder válido sea el del Ejecutivo y donde la Justicia deba actuar como un brazo disciplinador de sus intereses.
El ataque de Cúneo Libarona a Karina Andrade es una señal de alerta. Si se permite que el Poder Ejecutivo avasalle al Judicial sin consecuencias, el próximo paso será la eliminación de cualquier instancia de control democrático. El libertarismo de Milei no es más que una excusa para imponer un Estado donde el único derecho garantizado sea el de la sumisión.
La independencia judicial es un pilar fundamental de cualquier democracia. Defenderla no es un asunto de ideologías, sino una cuestión de principios. Hoy, el gobierno de Javier Milei ha demostrado que no tiene límites en su afán de concentración de poder. Frente a este avance autoritario, la resistencia democrática es más urgente que nunca.
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