La reciente represión ejercida por el gobierno de Javier Milei contra manifestantes, incluidos jubilados, trabajadores e hinchas de fútbol, ha generado una ola de críticas y debates en la sociedad argentina. La protesta, que exigía mejoras en las pensiones y la restitución de beneficios eliminados, culminó con una violenta intervención policial que dejó más de 120 detenidos y al menos 45 heridos.
La concentración, que reunió a sindicatos, colectivos de izquierda e hinchas de diversos clubes, fue disuelta mediante el uso de balas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes. Entre los heridos se encuentra el fotoperiodista Pablo Grillo, quien sufrió una fractura de cráneo y fue intervenido de urgencia.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que los detenidos podrían enfrentar hasta 20 años de cárcel bajo una nueva ley antimafia, lo que ha sido interpretado por diversos sectores como un intento de criminalizar la protesta social.
Esta situación ha llevado a que algunos sectores afines al gobierno califiquen las manifestaciones como un intento de golpe de Estado, una narrativa que contrasta con la realidad de ciudadanos que ejercen su derecho a la protesta en defensa de sus derechos. Paradójicamente, aquellos que antes amenazaban con que «los zurdos van a correr» ahora lloran diciendo que fue un golpe de Estado.
Es fundamental recordar que el monopolio de la fuerza pertenece al Estado, y su uso debe estar orientado a garantizar la seguridad y el bienestar de la población, no a reprimir legítimas expresiones de disconformidad. La violencia desmedida contra jubilados y trabajadores no solo vulnera derechos fundamentales, sino que también erosiona la confianza en las instituciones democráticas.
La historia reciente de Argentina ha sido testigo de luchas emblemáticas por los derechos de los jubilados, como la protagonizada por Norma Plá en la década de 1990. Su legado nos recuerda la importancia de la resistencia pacífica y la persistencia en la búsqueda de justicia social.
En este contexto, es imperativo que las autoridades reflexionen sobre las consecuencias de sus acciones y busquen canales de diálogo que permitan atender las legítimas demandas de la ciudadanía, evitando así la escalada de conflictos y fortaleciendo la democracia.
Milei y Bullrich contra los jubilados: ¿se viene la ley anti-abuelos terroristas?
Deja una respuesta