El informe de la Procuraduría de Violencia Institucional revela un aumento del 33% en las muertes de personas privadas de libertad, mientras el gobierno de Milei mira hacia otro lado. En un contexto de abandono y violencia estructural, las cárceles federales argentinas registraron 40 muertes en 2024, con un preocupante incremento de casos traumáticos. El Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza lidera esta macabra estadística, mientras las políticas de seguridad del gobierno de Javier Milei brillan por su ausencia.
(Por Sofía Arregui) El sistema penitenciario federal argentino vuelve a ser noticia por las razones equivocadas. Según el informe anual de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), en 2024 murieron 40 personas privadas de su libertad en cárceles federales, un aumento del 33,3% respecto al año anterior. Este dato no solo refleja una crisis humanitaria en las prisiones, sino que también expone la incapacidad del gobierno de Javier Milei para abordar una problemática que lleva años desangrando a los sectores más vulnerables de la sociedad.
El informe, elaborado por el Área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias de la PROCUVIN, detalla que de las 40 muertes, 37 corresponden a hombres y 3 a mujeres. La mayoría de los fallecimientos (67,5%) fueron no traumáticos, es decir, relacionados con enfermedades o afecciones de salud, mientras que el 32,5% fueron traumáticos, incluyendo ahorcamientos, quemaduras y heridas cortopunzantes. Estos números no son fríos datos estadísticos; son vidas truncadas en un sistema que, lejos de rehabilitar, condena a la desesperación y la muerte.
Ezeiza: el epicentro de la tragedia
El Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza se erige como el escenario más mortífero del sistema carcelario argentino. Con 13 muertes en 2024, este establecimiento concentra el 32,5% del total de decesos. De estas, 6 fueron muertes traumáticas, incluyendo 3 ahorcamientos y 3 casos de quemaduras por incendios. Estos hechos no son casuales; son el resultado de un sistema que hacinan a las personas en condiciones infrahumanas, sin acceso a atención médica adecuada y en un ambiente de violencia constante.
El informe también destaca que el 62,5% de las muertes ocurrieron en cárceles del Área Metropolitana de Buenos Aires, lo que evidencia una concentración de la problemática en esta región. Sin embargo, lejos de tomar medidas concretas, el gobierno de Milei parece más interesado en recortar presupuestos y desmantelar programas sociales que en abordar la crisis carcelaria.
La deshumanización como política de Estado
Uno de los aspectos más alarmantes del informe es la edad media de las personas fallecidas: 52 años para las muertes no traumáticas y 31 años para las traumáticas. Estas cifras no solo hablan de la precariedad del sistema de salud dentro de las cárceles, sino también de la juventud de quienes mueren en circunstancias violentas. ¿Qué futuro les espera a los jóvenes privados de libertad en un sistema que los abandona a su suerte?
Además, el 20% de las muertes correspondió a personas de nacionalidad extranjera, provenientes de países como Paraguay, Colombia, Cuba, Perú, Bolivia y Uruguay. Este dato no es menor; refleja la criminalización de la migración y la falta de políticas inclusivas para quienes llegan al país en busca de oportunidades. En lugar de brindarles protección, el Estado los encierra y los deja morir.
La violencia de género tras las rejas y el silencio cómplice del gobierno de Milei
El informe también arroja luz sobre un aspecto poco visibilizado: la violencia contra las mujeres en las cárceles federales. De las 3 mujeres fallecidas en 2024, 2 murieron como consecuencia de eventos violentos (ahorcamiento y quemaduras). Este dato es particularmente preocupante, ya que en 2022 y 2023 no se habían registrado fallecimientos de mujeres en contextos de encierro. ¿Qué cambió en 2024? La respuesta parece estar en el desmantelamiento de programas de protección y la falta de políticas específicas para las mujeres privadas de libertad.
Frente a esta realidad, el gobierno de Javier Milei ha guardado un silencio ensordecedor. Mientras las cárceles federales se convierten en campos de muerte, el Ejecutivo nacional parece más preocupado por ajustar el presupuesto y reducir el gasto público que por garantizar los derechos humanos básicos de las personas privadas de libertad. La desidia no es casual; es una política deliberada que prioriza el castigo sobre la rehabilitación y el abandono sobre la dignidad.
El informe de la PROCUVIN no solo es un llamado de atención; es una denuncia contundente contra un sistema que mata lentamente. Las 40 muertes registradas en 2024 no son solo números; son historias truncadas, familias destrozadas y un Estado que falla en su deber más básico: proteger la vida de sus ciudadanos.
Un sistema que mata
Las cárceles federales argentinas son un reflejo de la desigualdad y la violencia estructural que atraviesa el país. El aumento de las muertes en contextos de encierro no es un problema aislado; es el resultado de décadas de abandono y políticas punitivas que priorizan el castigo sobre la reinserción social. En lugar de abordar esta crisis, el gobierno de Milei ha optado por mirar hacia otro lado, perpetuando un sistema que no solo encarcela cuerpos, sino que también destruye vidas.
El informe de la PROCUVIN es una luz roja que no puede ser ignorada. Las 40 muertes de 2024 son una mancha en la conciencia de un Estado que ha fallado en su deber más básico. Si no se toman medidas urgentes, las cárceles federales seguirán siendo sinónimo de muerte y desesperanza. Y mientras tanto, el gobierno de Milei seguirá siendo cómplice de esta tragedia silenciosa.
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